Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció su criterio sobre la norma sanitaria que regula la interrupción legal del embarazo en caso de violación, el estado de Morelos ha quedado una vez más exhibido porque desde hace dos sexenios el Congreso bloqueó ese derecho.

Una reforma a la carta magna local en la administración 2006-2012 limitó ese derecho constitucional  (que se puede ejercer solo bajo diversas condiciones) a las mujeres morelenses y después de tantos años nadie ha tratado de hacer la necesaria enmienda.

Al abordar el tema, no se trata de ir a la vanguardia o de inventar algo, sino de volver a poner las leyes al nivel de los derechos básicos que ya concede a las mexicanas la Constitución federal.

Sin embargo, la demagogia electoral ha impedido abordar el tema en la amplitud que se requiere.