Es una lástima que con tantos pendientes en la materia dejados por el anterior gobierno el sistema estatal anticorrupción no sea operativo, especialmente por la imperiosa necesidad de recuperar los miles de millones de pesos sustraídos por Graco Ramírez y su familia que hoy hacen falta para operar programas sociales básicos.

Varios de los ciudadanos que fueron electos para integrar el órgano de control del citado sistema no están a la altura del mandato, pues parece que intencionalmente son omisos en el cumplimiento de los deberes que voluntariamente decidieron asumir.

Por lo pronto, los promotores y beneficiarios de la corrupción siguen impunes, y los mecanismos adicionales que deben frenar esa práctica no están operativos, lo que puede generar más problemas en el corto plazo.

La politización de los órganos supuestamente ciudadanizados ha sido muy costosa para Morelos, como lo demuestran viejos ejemplos y hoy lo revive el multicitado sistema estatal anticorrupción.