Desde antes de que entrara en vigor la primera ley de acceso a la información pública los gobierno en turno buscaron hacerla inefectiva. Simplemente, el primer gobierno panista colocó un precio de 300 pesos por cada copia impresa de algún documento solicitado, por lo que en la práctica era incosteable para cualquier ciudadano reunir miles de pesos para tener acceso a algún expediente de interés.

La obligación de hacer públicas las cuentas de los entes oficiales no ha sido del agrado de los políticos, por lo que no sorprenden los vicios detectados en la ley en la materia que la Suprema Corte ha ordenado subsanar.

Lo que sí sorprende es la permisibilidad que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) tenga tanta permisibilidad ante el incumplimiento de los sujetos obligados, como las alcaldías, que a estas alturas e la administración ni siquiera tienen una página web para el acceso de los ciudadanos a la información elemental.

De nada sirve que la Corte vigile las deficiencias de la ley si el órgano garante de la misma no se ocupa en vigilar su aplicación.