Si se cumple, el debate sobre el tema de la legalización de la interrupción del embarazo debe ser lo más amplio posible, para que las posturas a favor y en contra se ventilen a profundidad y las acciones subsecuentes puedan tener un consenso social y no sólo el aval de una representación parlamentaria que no refleja más que el sentir de un partido político.

En los gobierno del PAN se cercenaron los derechos de la mujer y se dio un paso atrás sobre lo ya ganado y lo que marca nada más y nada menos que la Constitución General de la República.

El Congreso local tiene en sus manos una situación delicada, que requiere abordarse desde todos los ángulos.

La discusión pública del tema ya es ganancia, pero adoptar medidas en base a las conclusiones puede ser trascendental para una sociedad del Siglo XXI.