Por diversas formas y desde meses antes de su creación, los municipios indígenas se han convertido en una fuente permanente de conflicto y de afectación de los derechos de terceros.

Lo último han sido los reclamos por la falta de un presupuesto propio.

Sin embargo, el improvisado proceso que los creó es la causa de todos sus males, ya que con contempló incluir los procedimientos necesarios para que, entre otras cosas, el gobierno federal los pudiera dotar de recursos.

Sin embargo, una vez que de manera pública se expusieron las carencias legales, los citados municipios no han hecho lo necesario para cumplir con los requisitos básicos para disponer de presupuesto.

La culpa, definitivamente, no es de la población que habita esos lugares, sino de los liderazgos, que sólo apuestan a la movilización –como si de grupos opositores se tratara- pero no al correcto ejercicio del poder que hoy pueden hacer.