Las estancias infantiles que operaba la extinta Secretaría de Desarrollo Social vino a llenar un importante vacío a favor de las madres trabajadoras que están en la economía informal y que carecía de acceso a ese tipo de servicios.

Sin embargo, también sirvieron de pretexto para que muchas personas ligadas especialmente a un partido político pudieran hacer negocio con el dinero público, lo que finalmente fue detectado por la actual administración federal, que tomó como medida correctiva la suspensión del subsidio que entregaba, de 950 pesos por menor inscrito.

Esa decisión afectó por igual a las estancias infantiles que trabajan mal y a las que trabajaban correctamente y hasta la fecha no se ha encontrado una solución al problema.

Ese tipo de instalaciones requiere del subsidio para operar y sus clientas no están en condiciones económicas de pagar la diferencia.

Resolver la cuestión es urgente porque la medida del gobierno federal de entregar el subsidio de manera directa a las madres aún no se concreta y eso no garantiza la sobrevivencia de esos negocios que prestan un servicio indispensable para un sector importante de la población.