La Fiscalía tiene en sus manos una enorme responsabilidad tras la muerte de un activista de Amilcingo.

El homicidio le ha dado a los opositores a la termoeléctrica de Huexca un pretexto para radicalizar aún más su postura, pero lo que el fiscal está obligado a entregar en el corto tiempo resultados a la sociedad.

El tema solo se despolitizará cuando se aclare la causa del asesinato.

Aunque no existen elementos para cancelar la consulta promovida por el gobierno federal, el activismo de quienes defienden una de las dos opciones posibles puede interrumpir el proceso, lo que sería lamentable, pues lo que está en juego es la puesta en marcha de una costosa infraestructura a la que se le han atribuido toda clase de males, aunque tal cosa no se haya certificado o se haya sacado de contexto.