El gobierno anterior tuvo entre sus talones de Áquiles a la seguridad y la procuración de justicia, pero utilizó esos temas para saquear los recursos públicos y lo hizo hasta el último momento de la administración anterior.

La prueba está en que la legislatura que estaba en funciones y subordinada al Ejecutivo aprobó entregar recursos adicionales a la Fiscalía e incluso sustrajo el dinero que contenían diversos fideicomisos que favorecían a las empresas privadas.

Sin embargo, ahora se sabe que ese dinero nunca llegó a al destino programado.

Adicionalmente, la Fiscalía nunca fue dotada de suficientes recursos para que cumpliera con sus funciones e incluso fue puesta en manos ajenas la investigación de los delitos.

Sabemos la clase de sexenio que padecemos, pero irónicamente la Fiscalía es la instancia encargada de perseguir los delitos que cometieron los ahora ex funcionarios y , en eso, hasta la fecha no se ha visto ningún resultado.