La falta de alguno de los elementos que integran el llamado sistema estatal anticorrupción no es la única causa de que no funcionen los mecanismos para sancionar el robo de los recursos públicos.

Los cargos determinantes para sancionar a los corruptos están en manos de quienes deberían ser investigados y encarcelados.

La administración anterior se encargó de sellar bien todas las posibilidades de ser investigados, por lo que se requiere de una acción amplia de depuración del sistema para que haya tiempo para castigar antes de que los innumerables delitos cometidos por el graquismo prescriban.

Esa corrupción sancionable incluye la de la legislatura pasada, que no solo aprobó leyes y nombramientos a modo, sino que se dio el lujo de endurecer el procedimiento para modificar la constitución que ellos mancillaron, a fin de darle larga duración a su negro legado.