Poca sorpresa tiene la presentación de los expedientes por posible desvío de recursos cometidos por funcionarios del gobierno anterior, lo que ya se daba por hecho.

Sin embargo, sí sorprende que el Congreso no haya logrado remover al fiscal anticorrupción, por sus claros nexos con el exgobernador  Graco Ramírez, a cuyo gobierno siempre ha protegido.

Por mucho que ese funcionario haya dicho que llevará las investigaciones que ayer se iniciaron con apego a Derecho, en los últimos años dio muestras de sólo ser útil para atacar a los enemigos de su patrón, pero nunca para combatir la más que evidente corrupción del sexenio anterior.

Por supuesto que no es el único funcionario que debe removerse.

Incrustados en la nómina oficial aún quedan demasiados graquistas, puestos allí para cuidar las espaldas de todos los que se apropiaron del dinero público.