Los ex propietarios de los centros de verificación vehicular que fueron cerrados sin aviso previo por el anterior gobierno han reclamado su derecho a ejercer una de las concesiones que podrían ofrecerse para completar la operación del servicio, ahora otorgado a una empresa ajena a Morelos.

El tema es interesante porque vuelve de actualidad el reclamo de que la tarifa aplicada por el servicio se revise, ya que la administración anterior –sin ninguna justificación- hizo que pasara de 125 pesos a 500, suma que debe pagarse cada seis meses, y a cambio de un trato déspota del personal dedicado a la medición y a pasar por largas filas para cumplir.

La principal fuente de emisión de gases contaminantes es el transporte público y no el privado, por lo que cobrar por esa revisión es más bien una medida para beneficiar a los propietarios de los verificentros, en algo que seguramente el exgobernador está inmiscuido en las ganancias.