El dinero (192 millones) que Graco Ramírez pagó a tres empresas para supuestamente desarrollar un sistema de cómputo para la Secretaría de Movilidad y Transportes, junto con los diez millones que regaló por la renta de un inmueble para la misma dependencia totaliza 202 millones de pesos, casi la misma suma que el gobierno federal pidió a su homólogo estatal aportar para el rescate de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El problema de corrupción del régimen anterior deja de ser cosa de risa cuando se revela el impacto social negativo que tiene en el presente.

Apenas han pasado 22 días de que se régimen se acabó pero las repercusiones diarias de la sustracción de los recursos públicos afectan a todas las personas que viven en Morelos.

Los encargados de perseguir los actos de corrupción o los delitos en general fueron impuestos por el gobierno anterior, al que difícilmente someterán a proceso, por lo que urge que desde las nuevas estructuras de poder se hagan los cambios necesarios para investigar todos los delitos que se cometieron desde la función pública y se haga justicia.