Se intuía por lo que no es sorpresa la manera en que los bienes del Congreso local fueron saqueados por los ahora ex diputados.

Es enorme el daño que hicieron a la sociedad con la aprobación de reformas constitucionales que van contra el interés público así como pensiones excesivas y nombramientos inadecuados para controlar órganos ciudadanizados.

Ante todo esto y lo que se descubra es más que obvio que se han cometido delitos y que todos los responsables deberían ir a la cárcel.

Los actuales legisladores tienen la obligación no sólo de proceder contra sus antecesores, sino de hacerlo correctamente para no permitirles escapar de la acción de la justicia.

Es muy fácil seguir la ruta de las complicidades, por lo que nadie de los involucrados debe quedar impune.