Pese a las reiteradas recomendaciones de no  incrementar el llamado pasivo laboral con despidos injustificados, las alcaldías y el propio Congreso local han realizado recortes de personal sin cumplir con la ley, lo que amenaza incrementar la carga financiera que de por sí enfrentan las instituciones.

La mayor parte de los despidos se han dado después del primero de julio, en lo que puede leerse como una clara venganza de los alcaldes que perdieron en el proceso electoral.

Pero las consecuencias de esa venganza no la pagarán de su bolsillo, sino que será cargada al presupuesto oficial, de por sí ya muy disminuido.

Esas actitudes se han disfrazado de racionalización financiera, que se ejecuta curiosamente al final del trienio y no cuando era necesario.

La falta de contrapesos hace difícil aplicar la ley a quienes incrementarán el quebranto de las arcas públicas y que seguramente escaparán impunes de sus acciones, a menos que algo haya cambiado y desde el poder se les pueda llamar a cuentas.