Efectivamente, los casos de violencia política que se presentaron en el trienio que corre contra funcionarias electas por el voto popular practicamente quedaron sin castigo. Uno de los alcaldes misóginos recibió varias multas por su conducta, que le fueron impuestas por un tribunal federal, pero no hubo cambios significativos en su actitud.

Peor le fue a la síndica de Amacuzac, que mediante una maniobra amañada fue destituida y que en su corta gestión no pudo ejercer nunca sus importantes atribuciones.

Así es que la violencia política contra las mujeres es una realidad que bien puede disuadirlas de participar en política, a pesar de que constituyen la mayoría del padrón electoral.

Hace falta mucho por hacer, pero debería empezarse por castigar realmente esas conductas que impiden a las mujeres ejercer los cargos que han ganado en las urnas.