Estudios nacionales e internacionales han demostrado que el transporte público es responsable de una parte importante de la contaminación atmosférica, aunque si se promueve de forma masiva podría desincentivar el uso de los vehículos particulares.

Sin embargo, es evidente que las unidades del servicio público en todas sus modalidades contaminan, por lo que las afirmaciones sobre la negativa a pagar el costo de la verificación tienen más que ver con el victimismo que de forma permanente usan los concesionarios para tratar de sacar ventajas, sobre todo económicas.

Lo mismo piden descuentos o exenciones en todo tipo de trámites que permisos o nuevas concesiones e incluso subsidio al combustible. Así es que negarse a pagar parece ser una norma.