Una organización cuya membresía se ignora pero que da la cara a través de un reducido grupo de jóvenes se ha dado a la tarea de buscar un descuento para los estudiantes en la tarifa del transporte público.

Independientemente de sus orígenes, esa demanda es vieja y se remonta al primer gobierno panista, cuando mediante modificaciones a la ley que desapareció la obligatoriedad de cobrar la mitad de la tarifa a los estudiantes que mostraran la credencial de su escuela.

En una primera etapa sólo los estudiantes universitarios conservaron el privilegio pero nuevas reformas a favor de los concesionarios terminaron con cualquier ventaja para este sector de usuarios.

Hoy parece una utopía recuperar los descuentos, pero no debería serlo, porque los transportistas son concesionarios de un servicio público y bien podrían –como ocurrió hasta hace unos lustros- aceptar ese esquema de beneficio social. Sobre todo por lo elevado de la tarifa respecto a la calidad del servicio que prestan.