Hasta el cierre de esta edición los manifestantes que reclamaban en la sede del Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos que se reabrieran las escuelas cerradas por el sismo en sus municipios mantenían privadas de su libertad a decenas de empleados públicos y sus vehículos, en lo que a todas luces constituye no sólo un abuso, sino diversos delitos.

La Constitución General de la República consagra el derecho de manifestación, pero también otros derechos fundamentales inherentes a todas las personas, incluidas las que estaban retenidas contra su voluntad.

Por justificada que se ala causa del enojo de estos grupos, no hay ninguna explicación al hecho de que a terceras personas se les afecte de ese modo.

La desesperación de los padres de familia cuyos hijos  no reciben clases por los daños que provocó el sismo no se comparan a la situación que han vivido quienes debieron permanecer encerrados contra su voluntad.