El aguinaldo es una prestación constitucional que debería estar contemplado en su totalidad en el presupuesto, por lo que no es más que mala administración el hecho de que muchos de los alcaldes no dispongan de recursos para el pago completo de sus trabajadores.

El hecho de que no sean castigados quienes abusan del presupuesto público o incluso lo utilizan a su favor ha propiciado que las prestaciones a los trabajadores dejen de pagarse o se hagan con mucho retraso.

La complicidad que existe impide siquiera iniciar procedimientos para investigar las anomalías en el uso del dinero público, no se diga ya aplicar sanciones.

Por lo pronto, el pasivo laboral de muchos ayuntamiento seguirá incrementándose.