El manejo irresponsable de los precios de los combustibles se ha convertido en un serio problema social que las autoridades federales se niegan a reconocer e incluso alimentan.

Con el pretexto de que la libre competencia reducirá los precios, el gobierno federal desapareció cualquier tipo de controles a esa mercancía, cuyo precio ahora se fija libremente por los dueños de gasolineras.

Sin embargo, en México no existe una libre competencia sino poderosos oligopolios que lucran desmedidamente, no sólo con el abasto de combustibles.

Mientras tanto, los vehículos a gasolina son la principal forma de transporte de personas y mercancías, por lo que el costo de los combustibles repercute de inmediato en la vida de los mexicanos, tenga o no vehículo.

Por eso la “liberalización” –en realidad el permiso para hacer negocio a lo grande-  resulta peligrosa, pues altera a los grupos sociales que se ven perjudicados  con las alzas. Prácticamente toca de forma dañina a toda la población.