Aunque aparentemente es sólo un problema de Guillermo Arroyo, en realidad la querella que ese magistrado ha iniciado contra todas sus colegas del Tribunal de Justicia Administrativa tiene un enrome fondo, porque cuestiona la calidad de quienes integran dicho tribunal.

Será finalmente un juzgado federal el que determine el destino del magistrado cuestionado por no abandonar el cargo conforme a la ley. El argumento que éste esgrime es la búsqueda de sus derechos de retiro y ahora también que una reforma le permite ampliar su mandato dos años más.

Sus colegas han evitado pronunciarse sobre el tema, pero ese silencio comienza a resultar caro para la institución. 

El demandante fue nombrado magistrado de ese tribunal por el Congreso, pero luego de un periodo extenso no ha podido tomar posesión y quedó en un limbo jurídico del que pretende salir pero con una acción que ha ido más allá de un simple reclamo.

La justicia federal habrá de pronunciarse (aunque la sentencia no será firme) y de allí podrán esclarecerse responsabilidades y actitudes que amenazan con empañar una de las área de la justicia local que se había mantenido lejos de escándalos.