Es increíble la cantidad de dinero -600 millones de pesos- que las alcaldías de Morelos adeudan por concepto de laudos, esto es, de sentencias de tribunales laborales que favorecieron a quienes trabajaron como empleados de los Ayuntamientos y alegaron haber sido despedidos de forma injustificada.

Es importante señalar que una parte de los demandantes nunca fue despedido de esa forma, pero así lo presentó ante el tribunal, y una mala defensa o una colusión con las autoridades municipales les permitió obtener  una sentencia favorable.

Todo comenzó con un alcalde de Huitzilac que despidió a todo el personal, policías incluidos, para colocar a “su gente”. Esa injusta acción se repitió en otras alcaldías, como en Amacuzac, lo que engrosó los casos hasta llegar a la tragedia de la actualidad.

Lo peor de todo no es que falte dinero para liquidar esas deudas, sino que esa situación aún se repite y quienes la causaron está impunes, sin el menor motivo de preocupación.

Si al menos uno fuera sometido a proceso por esas conductas indolentes podríamos alegar al menos justicia poética.

Pero por lo pronto sólo queda pagar.