La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y su substitución por tribunales laborales entraña enromes retos para el Poder Judicial morelense, que no sólo deberá contar con el personal preparado y suficiente, sino sobre todo con recursos presupuestales, justo cuando enfrenta una grave crisis.

La disponibilidad financiera es insuficiente para operar con fluidez la actual estructura judicial, por lo que se ve la llegada de los tribunales laborales será poco menos que una pesadilla, lo que quizá explique el retraso en su implementación.

Sin embargo, la reforma constitucional está en marcha y debe acatarse, en los tiempos marcados.