La ley que en el 2012 otorgó diversos beneficios a los descendientes de los luchadores del ejército suriano podría calificarse de excesiva, pues sólo fue un gesto sentimental carente de bases porque los beneficiados –salvo excepciones- poco aportaron al engrandecimiento de la entidad en base a su participación en la lucha armada. Pudieron hacerlo y seguramente lo hicieron como individuos de su tiempo, pero no como participantes de la Revolución.

Una vez derogada desde enero dicha ley, se avecinan los reclamos basados en su vigencia, sin que los promotores de la querella se pregunten si es justo que varias generaciones después el gobierno tenga que pagar esa contribución.