Sin embargo, el conflicto no ha finalizado y el riesgo de que nuevamente se paralicen los juzgados está latente.

Corresponde tanto al sindicato como a la autoridad judicial actuar de tal forma que las negociaciones no se interrumpan y las discrepancias se discutan hasta lograr un arreglo.

La población es ajena a esos problemas pero sufre de inmediato las consecuencias si estalla de nuevo el conflicto.