Sin embargo, al otro día trascendió por declaraciones de los mismos manifestantes que en el cierre carretero se aplicó un cobro a los automovilistas que quisieron continuar su marcha.

El grupo asegura que los conductores "cooperaban" de manera voluntaria con su causa, lo cuál no suena muy lógico, pero de esa forma lograron recaudar la suma necesaria para pagar los servicios de un notario público.

Esa es una forma socialmente muy peligrosa de financiar una protesta. De persistir, implicaría la instalación de casetas de cobro cada vez que alguien tuviera esa ocurrencia, por lo que bien amerita que se comience a legislar para poner un freno a esas prácticas abusivas, cuando el simple impedimento del derecho de paso ya es un castigo para aquellos que lo tienen que sufrir aunque nada tengan que ver con la causa que se reclama.