La situación actual de los municipios no se remonta a uno o dos trienios, pero en su momento –incluido el que corre– las conductas indolentes e irresponsables se han mantenido.

Desde hace al menos dos trienios se ha dado asesoría suficiente para que los cabildos no incurrieran en despidos que derivaran en demandas impagables. También se ha denunciado el contubernio de funcionarios encargados de la defensa de las alcaldías que intencionadamente se dejaban ganar a cambio de una remuneración, y muchas otras anomalías que aún ocurren.

Hace falta un esquema de sanción que frene las carreras políticas de los responsables del quebranto y, de ser posible, los lleve a la cárcel.

Ésa sí sería una reforma completa y necesaria.