La medida está encaminada a acabar con la inestabilidad política creada por la amenaza de destitución que pende sobre más de la mitad de los alcaldes de Morelos, cuyas administraciones adeudan laudos ejecutoriados o pago a proveedores que han derivado en sentencias de destitución.

El diferendo lo mismo se discutirá que llegará al terreno jurídico, pero lo más importante es hacer un análisis de costo beneficio y en base a eso determinar su valía.

Las medidas tomadas hasta ahora han sido sólo paliativos y hasta han creado más problemas, pues básicamente las alcaldías han optado por dejar de pagar a sus trabajadores para ahorrar dinero y crear una reserva que apenas ha alcanzado para hacer los pagos más urgentes.