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Hasta cien empleados, en algunos casos con antigüedad mayor a los 10 años, podrían ser despedidos; los diputados argumentan austeridad.

El Congreso del estado inició el despido de trabajadores de base, cuya antigüedad, en algunos casos, es mayor a los 10 años. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que se debe a un plan de austeridad que determinó implementar la LIV Legislatura.

En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) informó que el acuerdo para despedir a trabajadores de base fue tomado en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos con las coordinadoras de los grupos parlamentarios. Sin embargo, no especificó las cifras del recorte que, se ha especulado, será mayor a 100 empleados.

Refirió que a la fecha se ha dado de baja a 18 trabajadores, con quienes se llegó a un acuerdo para su liquidación, aunque dicho convenio contempla la terminación del pago hasta el 2019.

"Se va a buscar en qué áreas haya un poquito de exceso de personal. Veníamos diciendo desde el principio de la legislatura, pero definitivamente no tenemos un número bien identificado. Insisto, no se va a poner en riesgo la funcionalidad del Congreso", agregó el legislador local.

De acuerdo a información aportada por otros legisladores locales, la lista de trabajadores integra a quienes llevan más de 10 años laborando, lo que podría provocar demandas laborales en contra del Congreso del estado.

Presentan al Pleno legislativo iniciativa para aumentar presupuesto estatal a la UAEM

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa de reforma constitucional para aumentar el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) del 2.5% del presupuesto total del gobierno estatal a un 3.5.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, presentó la propuesta que plantearon hace varias semanas el Consejo Universitario y estudiantes de la UAEM, con la finalidad de fortalecer financieramente a la institución, que enfrenta una crisis financiera histórica.

La diputada explicó que el déficit financiero que enfrenta la máxima casa de estudios de Morelos supera los mil 600 millones de pesos, derivado de un plantilla académica no reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y prestaciones de maestros y administrativos tampoco reconocidas, un presupuesto federal por debajo de la media nacional y otros adeudos que enfrenta la institución.

Además, señaló, del año 2012 al 2017 la matrícula de estudiantes aumentó un 82.9%. 

La iniciativa plantea reformar el artículo 121, en su fracción V, de la Constitución Política del Estado de Morelos y establecer la obligación de asignar un presupuesto anual del 3.5% del gobierno del estado.

Diputados locales dejaron en suspenso la aprobación de una prórroga para que el Poder Ejecutivo pueda presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 hasta el próximo 15 de diciembre. Hasta la noche de ayer, las fuerzas políticas no lograron ponerse de acuerdo para votar a favor de la petición del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Ayer por la mañana, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, confirmó que el gobernador no presentaría en tiempo (15 de noviembre) la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y solicitó una ampliación del plazo por 30 días. 
Refirió que el Poder Ejecutivo pidió tiempo para preparar el Paquete Económico de acuerdo al presupuesto que se apruebe a nivel federal. Explicó que requiere de los votos de las dos terceras partes del pleno (14 diputados) para aprobar la solicitud del gobernador.
Sin embargo, el Partido Encuentro Social (PES) fracasó este jueves en tres intentos por llevar a cabo la sesión ordinaria programada para las 10 de la mañana. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sólo logró que la sesión se quedara abierta para no violar la constitución y votar en las próximas horas la prórroga de 30 días que solicitó el Poder Ejecutivo.
De manera extraoficial, se informó que el Partido del Trabajo (PT), que coordina Tania Valentina Rodríguez Ruiz, logró que la solicitud del gobernador no avanzara.

La diputada Rosalina Mazari Espín no descartó citar a comparecer al secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para que personalmente explique a los legisladores la prórroga solicitada, y es que, de autorizarla, el Congreso del estado tendría sólo 15 días para analizar y aprobar el Paquete Económico, mediante un periodo extraordinario de sesiones.

Los diputados mantendrán sus ingresos y buscarán un incremento presupuestal respecto al año que termina.

Los diputados locales no contemplan reducirse el sueldo el próximo año y, por el contrario, analizan un aumento al presupuesto del Congreso del estado, a 500 millones de pesos, para el pago de deudas que dejó la pasada legislatura.

En el marco del análisis del Paquete Económico del Gobierno del Estado para el 2019, que iniciará hoy en el Congreso, cuando el Poder Ejecutivo presente su propuesta, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, descartó que haya ajustes a la baja en sus ingresos mensuales como legisladores. 

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que lo más importante es integrar un presupuesto social para el 2019, en base a la política que pretende impulsar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y aseguró que reducirse su sueldo no ayudaría en mucho para resolver las necesidades en el estado.

"No lo hizo en la Cámara federal (Andrés Manuel López Obrador), sus diputados de Morena siguen con el mismo salario, no creo que sea la vía; tú ganas 65 mil que te bajes a 30 mil, súmalo y no le quitas la pobreza a Morelos. Votemos lo que vale la pena, demos un presupuesto social, si eso quiere la gente que se baje el sueldo, no creo que sea el problema que no lo bajemos, sino que hagamos un presupuesto no de teatro, de payasos, sino que hagamos un presupuesto responsable", manifestó. 

No obstante, la legisladora señaló que reducirán los recursos en los rubros que no son prioritarios para el estado. 

Además adelantó que se analiza, eliminar la facultad que actualmente tiene el gobernador del estado para re-direccionar el presupuesto a los rubros que crea conveniente. Sin embargo, señaló que esa determinación se tomará en el análisis del paquete económico que deberá aprobarse antes del 15 de diciembre.

Dentro de la propuesta del Presupuesto de Egresos para el Estado se contempla un aumento a la partida que corresponde al Congreso para obtener un monto de 500 millones de pesos.

A la mesa de trabajo instalada ayer por diputados sólo acudió el edil de Jiutepec; 19 ayuntamientos mandaron a un representante del alcalde y el resto ignoró el llamado.

Los alcaldes que terminarán su administración el próximo 31 de diciembre, mostraron el poco interés que tienen para colaborar con el Congreso del estado en la creación de las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Ayer, el Poder Legislativo instaló mesas de trabajo para analizar las 33 leyes de ingresos con las autoridades municipales, que deberán aprobarse antes del 15 de diciembre, y sólo el alcalde de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, acudió al llamado de los diputados; 19 ediles más decidieron mandar a sus representantes y el resto no hizo caso al tema.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, lamentó la postura de los presidentes municipales, pues cinco municipios simplemente no presentaron sus iniciativas de leyes de ingresos.

Sin embargo, dijo que aún y cuando el Congreso del estado aprobará las leyes de ingresos para el 2019, a propuesta de las autoridades salientes, los ediles electos tendrán la oportunidad de presentar su propia propuesta en enero próximo.

Refirió que en el análisis que se han hecho de las iniciativas, más de cinco municipios contemplan aumentos en el cobro de derechos, como es el caso de Cuernavaca y Cuautla, y reiteró que no se aprobará ningún ajuste a la alza que afecte la economía de los ciudadanos.

La legisladora priista consideró que las leyes de ingresos municipales podrían aprobarse antes del plazo constitucional, que es el 15 de diciembre, si se logran los consensos necesarios con el resto de los diputados para avanzar en el tema.

Los diputados pretenden también que la magistrada presidenta del TSJ explique la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal en un periodo de enero a la fecha.

Diputados locales analizan citar a comparecer al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para que informe al Congreso del estado sobre los resultados de su trabajo durante el último mes.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, dijo que en las últimas semanas no se le ha visto al fiscal general, ni tampoco se ha conocido sobre su trabajo, tras la conclusión de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez.
Además, consideró que Carmona Gándara también debe explicar sobre la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal, en un periodo de enero a la fecha, como integrante del gabinete de seguridad y justicia en el gobierno anterior.
Rodríguez Ruiz dijo que propondrá en la próxima sesión de la Junta Política y de Gobierno, se cite a rendir cuentas a Uriel Carmona Gándara, para que con el resto de los coordinadores de los grupos parlamentarios acuerden la fecha del encuentro. 
Por su lado José Casas González, diputado del Partido del Trabajo, señaló que también buscarán una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Cuevas López, y proporcione información respecto a los motivos y fundamentos por los que se liberaron a más de mil presos.
Dijo que como Congreso del estado cuentan con información respecto a la liberación de los procesados y detalló que se trata de 180 liberaciones por compurgamiento, 350 por detención ilegal, 140 por libertad condicionada y 350 con medidas cautelares.

El Congreso del estado también pretende reactivar el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos.

El Congreso del estado reactivará los Fondos de Promoción Turística (Fitur), el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y el Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi), confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
En rueda de prensa, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) informó que este jueves presentará una iniciativa para anular el decreto 3250, por el que se modificó el presupuesto de Egresos 2018 del gobierno estatal para redireccionar los recursos financieros de los citados fondos a la Fiscalía General del Estado.
De igual forma, la propuesta plantea abrogar el decreto 2351, por el que los ex diputados también extinguieron el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, creado por la pasada legislatura para supuestamente impulsar obra pública municipal.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno dijo que buscará generar el consenso necesario entre los diputados, para que la iniciativa sea aprobada lo antes posible y que al finalizar el año operen con normalidad los fondos en materia turística y competitividad.
Por su lado, el diputado del PT, José Casas González, dijo que será un borrón y cuenta nueva en torno a los recursos que se designaron a la Fiscalía General del Estado y que de acuerdo a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de julio a la fecha sumarían cerca de 500 millones de pesos.
Al respecto Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, celebró la determinación del Congreso del estado y que fue respaldada por autoridades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, consideró que los legisladores deben revisar, si los recursos de los fondos fueron asignados a la fiscalía o las ex autoridades estatales le dieron otro uso.

El Congreso busca destituirlo luego de que ayer se negó a informar a los diputados.

El Congreso del estado buscará remover al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por supuestamente haber protegido a exlegisladores y a autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez en el mal manejo de recursos públicos.
Ayer, el auditor compareció ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes confirmó que la ESAF fue por muchos años una agencia de colocaciones y se aceptaron a aviadores del Congreso del estado y del Poder Ejecutivo.
De igual forma, admitió que de manera extraordinaria recibió más de dos millones de pesos al presupuesto de la ESAF del periodo de enero a junio del 2018, cuando se desarrollaba un proceso electoral, monto que nunca explicó a los legisladores en qué se ejerció.
El auditor Loredo Méndez fue citado por los diputados para que entregara información respecto a la revisión de las cuentas públicas a los municipios y al gobierno del estado, que durante los últimos dos meses se ha negado a entregar a los legisladores, pese dos exhortos hechos por el Pleno del Congreso. Sin embargo, ayer también se negó a responder a los legisladores la mayoría de las preguntas, con la justificación de que la ley le prohíbe aportar datos de las auditorías.
No obstante, los diputados señalaron al auditor no sólo las omisiones en las que ha incurrido en el cargo, sino que también lo acusaron de haber protegido a los exdiputados en un presunto mal manejo de recursos financieros.
José Casas González, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el titular de la ESAF ayudó a exdiputados de la pasada legislatura a "salvar" auditorías aplicadas en el 2015 a las cuentas públicas de los municipios de los que fueron alcaldes, tal es el caso de Julio Espín Navarrete, en Puente de Ixtla; Hortencia Figueroa Peralta, en Jojutla; Alberto Martínez, en Tetecala; Javier Montes Rosales, en Tetela del Volcán, y Francisco Navarrete Conde, en Tepoztlán.
Además, la diputada Rosalina Mazari Espín puso en duda las auditorías que se aplicaron por la ESAF al ejercicio de un crédito por más de dos mil millones de pesos contratado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez al inicio de su administración estatal.
Al finalizar el encuentro, el titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización calificó como un "circo" la comparecencia a la que ayer acudió.
Mientras tanto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que la comparecencia de ayer fue el inicio de un proceso para destituir a Loredo Méndez del cargo, aún y cuando fue designado en el 2015 por un periodo de ocho años.

La presidenta del Congreso dice que es complicado verificar los expedientes.

El Congreso del estado aún no tiene avances de la investigación que inició para anular las "pensiones doradas" aprobadas a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y que autorizaron los exdiputados de la LIII Legislatura, afirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Mientras los ex funcionarios beneficiados intentan ampararse ante la justicia para no perder sus pensiones onerosas, cuya legalidad ha sido cuestionada por presuntamente haber entregar documentos falsos para cumplir con los requisitos que marca la Ley del Servicio Civil, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dijo que se solicitó apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para revisar los expedientes.

Afirmó que el caso no se ha olvidado por parte de la LIV Legislatura pero sostuvo que la revisión de cerca de 10 expedientes que se encuentran dentro de la investigación es complicada. 

"Estamos trabajando para dar una solución rápida y general sobre el tema de las jubilaciones... no es fácil, checas expedientes, checas constancias, tienes que ir a los municipios, no es fácil", reiteró.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) manifestó que el amparo que promovió el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna contra actos del Congreso del estado no afectará en las investigaciones que inició el Poder Legislativo con apoyo del gobierno estatal.

Rodríguez Ruiz garantizó que ningún ex funcionario de la administración de Graco Ramírez ha cobrado su "Pensión dorada", pues se encuentran congeladas en tanto concluye la citada investigación.

Además del ex secretario de Finanzas, otros funcionarios que se beneficiaron con su pensión son:  Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm); Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; y Stephanie Guzón André. 

Magistrado presidente llama a la toma posesión de alcaldes en armonía y concordia.

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) responsabilizaron a los diputados de la pasada legislatura de los problemas que hoy enfrentan los presidentes municipales electos, por una reforma electoral “mal hecha” y que mantendrá en vilo la gobernabilidad de los municipios.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que no hay causal para someterlos a juicio político, como amenazó un grupo de regidores electos, y sostuvo que ante la falta de reglas claras para la distribución de regidurías en los municipios, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, el Pleno del tribunal realizó una interpretación de la ley privilegiando la preservación de la gobernabilidad, al resolver las impugnaciones por la distribución de regidurías que realizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (que determinó para ese efecto contabilizar a los integrante del Cabildo, incluyendo edil y síndico).

El TEEM decidió que sólo debía tomarse en cuenta a los regidores y con ello permitir que el presidente municipal tuviera mayoría en el cuerpo edilicio, para mantener la gobernabilidad.

“Consideramos que la interpretación que nosotros realizamos, en la que interpretamos, porque desafortunadamente ni el artículo 115, en su Fracción VIII, de nuestra Constitución Política Federal, ni el párrafo cuarto del artículo 18 (del código electoral local), establecen reglas que nos pudieran indicar cómo debemos o cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta”, dijo, y sostuvo que “si hubiera reglas claras, con el debido respeto de nuestro legislador, de la anterior legislatura, no estaríamos teniendo estas dificultades de interpretación”.

Incluso, destacó que en la normatividad electoral de la Ciudad de México, el legislador fijó reglas claras y privilegió la gobernabilidad como criterio para la asignación de concejales en las 16 alcaldías capitalinas y, gracias a su diseño, las impugnaciones ya fueron concluidas y las autoridades electas están en espera de la toma de protesta.

La magistrada Martha Elena Mejía secundó a su homólogo, al señalar que el artículo 112 de la Constitución local no establece de manera clara qué criterio debe atenderse para asignación de regidurías, sin embargo, en la última reforma electoral realizada por la anterior legislatura se adicionó un párrafo cuarto al artículo 18 del código electoral local, en el que se estableció que se tendría que replicar la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales en la asignación de regidurías, y “ese es el párrafo que causó todo este enredo, y de ahí que consideramos que el 112 remite a solamente que para la asignación de las regidurías, no habla de integrar al presidente y al síndico, por lo tanto, en nuestra interpretación de la Constitución nosotros resolvimos de esa manera, en cuanto que al partido ganador tendría que asignársele un regidor”.

Además de que el artículo 116 de la Constitución federal y la constitución local no establecen si se tiene o no que contemplar la totalidad de los integrantes de los cabildos para el reparto de las regidurías.

Sostuvo que todavía está en suspenso el criterio definitivo que aplicará la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, pues dependerá si, en el resto de las impugnaciones, las partes plantean o no el tema de inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 18 del código local, pues en los casos de Tepalcingo y Totolapan resueltos por la máxima autoridad electoral, no se planteó esta litis y, por ello, el TEPJF resolvió que específicamente en ambos municipios debe tomarse en cuenta al edil y síndico en la asignación de regidurías.

Francisco Hurtado Delgado, también magistrado del TEEM, señaló que el entuerto fue provocado por la reforma mal hecha por la anterior legislatura, que lo único que hizo fue “revolcar el agua, dejó muy turbio todo, toda esa imprecisión lo único que causó fueron problemas”.

Destacó que dicha reforma rompió con las formas en que se hacía la distribución de regidurías en otros procesos electorales, y todo prevalece en incertidumbre, ya que en la Sala Superior hay división de criterios sobre el tema.

Por lo pronto, los magistrados electorales hicieron un llamado a los distintos actores políticos y autoridades electas a que inicien su periodo el 1 de enero próximo bajo las base de cordialidad y que acaten los fallos que emita la máxima autoridad electoral del país.

También adelantaron que hay pláticas con los diputados para trabajar en la mesa para la reforma del Estado y la reforma política electoral, para subsanar la larga lista de irregularidades y vacíos legales de las modificaciones realizadas por los legisladores anteriores, con el fin de tener reglas claras.

En tanto, trabajadores del Ayuntamiento protestaron en la sede del Congreso por la falta de pagos.

El Congreso del estado exhortó al alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, se abstenga de modificar el tabulador salarial con la finalidad de sindicalizar a trabajadores allegados, a menos de dos meses de que concluya su administración municipal. Mientras tanto, empleados del ayuntamiento protestaron ante el Congreso del estado, ya que no han cobrado su salario en las últimas tres quincenas y sus prestaciones fueron suspendidas. 

Desde las nueve de la mañana de ayer, decenas de trabajadores del gobierno municipal arribaron al recinto legislativo y pidieron la intervención de los legisladores, ya que son 800 los afectados por las medidas del edil.

Los inconformes se quejaron porque el presidente municipal sólo ha justificado el incumplimiento de sus obligaciones por la falta de recursos financieros.

Ante la propuesta de los trabajadores, los legisladores locales aprobaron, en sesión ordinaria, un punto de acuerdo para exhortar al alcalde a que se abstenga de regularizar cargos en el gobierno municipal y de modificar el tabulador de salarios, sólo para beneficiar a familiares y gente cercana que trabaja en su administración, con la intención de sindicalizarlos.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla explicó desde la tribuna que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolvió que es improcedente otorgar pensión a algún trabajador, por lo que también solicitó a Tadeo Nava cumplir con esa orden y cancelar las pensiones que había autorizado.

Sala Superior confirmó el criterio de asignación de regidurías aplicado por el Impepac en dos municipios, en los que los alcaldes y síndicos electos enfrentarán una mayoría opositora en los cabildos.

La Sala Superior del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio de asignación de regidurías aplicado por el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en dos municipios, en los que los alcaldes y síndicos electos enfrentarán una mayoría opositora en los cabildos.

En sesión de Pleno, la Sala Superior resolvió los recursos de reconsideración 1614 y 1615, interpuestos por el Partido Nueva Alianza y otros ciudadanos; y el recurso y 1741, promovido por Aldo Fabián Ortiz Valero, en contra de la resoluciones emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, que revocó las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) relacionadas con la asignación de regidurías de los ayuntamientos de Totolapan y Tepalcingo.

Por unanimidad de votos, confirmó la resolución de la Sala Regional y la asignación original de regidores que realizó en el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), tomando en cuenta a los presidentes y síndicos electos en la distribución para determinar los límites de sub y sobrerrepresentación

Este criterio del Impepac, basado en los artículos 16, 17 y 18 del código electoral local (que establecen que para la asignación de regidurías debe aplicarse la misma fórmula para la distribución de diputaciones plurinominales, que contabiliza la totalidad de los integrantes del Congreso), fue impugnado por los alcaldes y síndicos electos que, por los menos en los casos de Totolapan y Tepalcingo, perdieron la batalla jurídica.

Durante la sesión, varios magistrados coincidieron en que, a diferencia de otras entidades donde se ha fijado un criterio y jurisprudencia diversa en el tema, el caso de Morelos es particular, porque específicamente existe una disposición en la norma local –derivada de la última reforma electoral realizada por la anterior legislatura- que ordena aplicar los límites de sobre y subrrepresentación en los ayuntamientos.

Además, de que en estos dos casos no se planteó un agravio de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, y deberá ser un análisis posterior en la resolución de otras impugnaciones.

En su intervención, el magistrado Indalfer Infante González expresó que la normatividad del estado de Morelos establece, de manera expresa, que sí se deben tomar las mismas reglas que establece el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución y esto es así, porque en el sistema electoral de Morelos el cargo de presidente municipal y de síndico son de mayoría relativa y todos los demás regidores son de representación proporcional.

Por lo tanto, para establecer proporcionalmente cuál es la votación, cuál es la integración que se debe tener en el cabildo, es necesario integrar también al presidente municipal y al síndico, y esta sería la única forma de que exista una verdadera representación entre los votos que obtuvieron cada partido político y las asignaciones de regidores que les corresponden en los ayuntamientos.

Consideró comprensible la inquietud generada porque hay algunos ayuntamientos muy pequeños, que se componen de cinco miembros: el presidente municipal, el síndico y tres regidores, y “entiendo que la inconformidad puede estar un poco en aducir que podría no haber gobernabilidad, es decir, que el partido que haya ganado en la mayoría solamente tenga dos miembros en un ayuntamiento, en este caso el presidente y el síndico y los otros, los regidores sean de partidos de oposición”.

“Sin embargo, creo que en el tema de gobernabilidad tampoco se afecta porque lo que se requiere, me parece, en este tipo de sistemas electorales es que estos cuerpos colegiados sepan llegar a acuerdos, no que impongan su voluntad a través de la mayoría que tienen, sino que logren las políticas públicas a través de los consensos con las demás fuerzas políticas”.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ponente de los casos Tepalcingo y Totolapan, señaló que “en dado caso si se pensara que hay un problema de gobernabilidad sería derivado de la aplicación de la regla, regla que tenemos que aplicar en tanto que no se encuentra justamente atacada respecto de su inconstitucionalidad y convencionalidad ni esta resulta manifiesta en principio. Entonces, pues simple y sencillamente es el diseño que libremente ha elegido el Estado de Morelos para dar a sus ayuntamientos”.

En tanto, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis, apoyó la resolución pero acotó que “la gran diferencia es que en la libertad configurativa que tienen todas las entidades federativas el legislador del Estado de Morelos tomó otra determinación y nos obliga, en efecto, la aplicación de la norma más aún de que esta per se no es impugnada”.

“Por ende, la observancia de la misma y en efecto, me uno al tema de una supuesta, en caso de que la hubiese, gobernabilidad por tomar en cuenta justamente al momento de hacer la sub y sobrerrepresentación al presidente municipal y al síndico, no es un tema impugnado aquí en cuanto a la constitucionalidad de la norma, y no es un criterio que nosotros podamos emitir en una sentencia si no se hace valer el tema”.

Esto significa que todavía permanece en suspenso cómo resolverá la Sala Superior el resto de los asuntos relacionados con el tema, porque en los casos Totolapan y Tepalcingo no fue invocado algún rasgo de inconstitucionalidad y, por lo tanto, los magistrados no entraron a la discusión del fondo del asunto y se centraron en la aplicación de la norma. 

La exención del pago está establecida en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable.

La mañana de este miércoles, la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez llevó al Ayuntamiento de Cuernavaca la solicitud para hacer valer el artículo 184 bis de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, con el objeto de que se garantice que los centros comerciales den estacionamiento gratuito a los consumidores.

La legisladora fue recibida por el presidente municipal Juan Hernández Limonchi, a quien le explicó que con base en el exhorto emanado del Congreso del estado, el gobierno municipal deberá hacer valer la ley antes mencionada.

Además, deberá vigilar que los establecimientos otorguen cajones de estacionamientos gratuitos a personas que comprueben que son clientes de los centros comerciales.

El edil aseguró que a través del área de Gobernación vigilan que se cumpla con esa disposición legal. “Revisaremos el estado que guardan las cadenas comerciales para poder dar una respuesta a este exhorto que el día de hoy nos trae la diputada Cristina Guevara”, dijo.

Por su parte, la diputada manifestó que encontró disposición de parte del presidente municipal para atender la solicitud, con lo cual, dijo, habrá un beneficio directo a la economía de la ciudadanía.

El gobierno anterior también tenía 400 “aviadores” en la nómina de Unidos por Morelos y aumentó el gasto corriente en tiempo electoral.

Durante el gobierno estatal que encabezó Graco Ramírez, se habrían desviado 500 millones de pesos para la campaña del ex candidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda. 

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que existen documentos que comprueban dicho desvío de recursos, además del registro de 400 "aviadores" del Fondo "Unidos por Morelos" que nunca trabajaron por la reconstrucción del estado, tras el sismo del 19 de septiembre, pero prestaron sus credenciales de elector sin ninguna justificación.

Además, se detectó un incremento del gasto corriente de dos mil 500 millones de pesos a tres mil 500 millones, que coincidió con el proceso electoral del 2015.

Informó que dicha información fue presentada al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y en los próximos días serán elementos para sustentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Zapotitla Becerro adelantó que el Congreso del estado tiene proyectado aumentar el presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad, a solicitud de su titular José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de impulsar una auditoría especial a la dependencia estatal por irregularidades cometidas en la administración pasada, como el haber informado de la contratación de cinco mil policías y sólo contar con mil 600 elementos.

El legislador de Morena sostuvo que no confían en el fiscal general Uriel Carmona Gándara, para el desahogo de las denuncias que se promoverán en contra de ex autoridades estatales, por lo que insistió en que buscan su remoción, a pesar que se amparó para que el Congreso no reformara la Ley Orgánica de la Fiscalía que le otorga beneficios como una pensión vitalicia. 

El déficit del Congreso del estado es mayor a los 30 millones, heredado por la anterior legislatura: Sotelo Martínez.

Diputados locales pedirán un adelanto presupuestal al Poder Ejecutivo para poder pagar aguinaldos y salarios de los trabajadores, además de cubrir otros compromisos financieros de este año. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que el Congreso local enfrenta un déficit mayor a 30 millones de pesos, heredado por la LIII Legislatura.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) sostuvo que los malos manejos de los exlegisladores, como el haberse asignado cheques de hasta medio millón de pesos cada uno, mantiene en crisis al Poder Legislativo, al grado de que no se tiene presupuesto para el pago de salarios y aguinaldos de los trabajadores.

De acuerdo al diputado Sotelo Martínez, la asignación de cheques a legisladores de todos los partidos políticos en el Congreso del estado representa una malversación de recursos cercana a los nueve millones de pesos.

Dijo que esa y otras anomalías detectadas en la LIII Legislatura son parte de los elementos que sustentaron la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de la Mesa Directiva refirió que debido al déficit heredado por los exlegisladores, a causa de un mal ejercicio del presupuesto del Congreso local se ha solicitado ayuda del Poder Ejecutivo para que se asigne un anticipo de al menos 30 millones de pesos para cerrar el año fiscal 2018.

Mencionó que hasta el momento se ha podido pagar el salario de los sindicalizados y de los trabajadores de confianza que se han mantenido para desahogar el trabajo legislativo, como los secretarios técnicos. Sin embargo, señaló que todos los diputados deberán posponer la contratación de un mayor número de personal de confianza por falta de recursos.

Los anteriores legisladores sólo dejaron los muebles que existían antes de su gestión.

Los diputados locales iniciaron una nueva investigación por el robo de mobiliario del Congreso del estado, presuntamente cometido por sus antecesores antes de que concluyera la LIII Legislatura, el 30 de septiembre pasado.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, explicó que además de la investigación por haberse vendido en 25 mil pesos vehículos último modelo del Congreso del estado y el presunto desvío de recursos, también detectaron que muebles adquiridos hace menos de tres años fueron robados.

"El mobiliario que hay está lastimado, está dañado, se perdió mucho y ya estamos sobre esa investigación y, obviamente, se necesita mobiliario para trabajar. Si ustedes van al Congreso, van a ver que estamos trabajando con las sillas rotas", sostuvo el diputado local.

Casas González señaló que la mayoría de muebles son los que se tenían antes de que iniciara la LIII Legislatura.

El diputado local admitió que es necesario invertir en escritorios, sillas, computadoras y otros accesorios para el próximo año.

Por otro lado, informó que la empresa "Ago Operadores", que construyó la nueva sede legislativa, entregó el informe financiero, así como el proyecto ejecutivo del inmueble, por lo que en próximos días se informará de manera pública las condiciones en las que se encuentra el lugar.

Adelantó que el edificio registra fallas graves, pese a que su valor resulta excesivo, por arriba de los 470 millones de pesos.

Diversos sectores e instituciones reclaman recursos para 2019, incluso para la autonomía del Poder Judicial; el dinero para repartir es limitado.

A unos días de que inicie la discusión del Paquete Económico 2019 en el Congreso del estado, las peticiones de asignación presupuestal extraordinaria para diversas áreas se han acumulado. Jubilados y pensionados del Poder Judicial, maestros, empresarios y campesinos han presentado sus demandas ante el Poder Legislativo.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, dijo que se atenderán todas las solicitudes en el tema presupuestal, pero aseguró que se resolverán con base en la propuesta que haga el Poder Ejecutivo para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Refirió que uno de los temas que ocupan al Congreso es la situación del Poder Judicial, ya que para el próximo año contará con autonomía financiera y tendrá que recibir el 4.7% del presupuesto del gobierno del estado.

La legisladora local sostuvo que al asignarle mayor presupuesto al Poder Judicial tendrán que recortar recursos de otros rubros y es justamente lo que tendrán que atender como prioridad en la discusión del Paquete Económico 2019.

Refirió que se acordó con legisladores instalar mesas de trabajo con cada comisión legislativa para atender las demandas de todos los sectores y asignar el presupuesto necesario en cada rubro.

Respecto de la Ley de Ingresos del gobierno estatal y la posibilidad de que se creen nuevos impuestos, como lo declaró el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, la diputada consideró que no sería conveniente imponer nuevas tributaciones, pero afirmó que será un tema que se discutirá con los diputados de todas las fuerzas políticas en el Congreso local.

La funcionaria no ha dado resultados en su cargo, señalan activistas.

Mujeres activistas del estado se inconformaron ante el Congreso del estado por la ratificación de Flor Dessiré León Hernández como titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM).

Ayer, en el marco de la instalación de la Comisión de Igualdad de Género, las representantes de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer lamentaron que los diputados hayan validado un nombramiento que hizo la LIII Legislatura.

Susana Díaz Pineda, representante de la Comisión de Derechos Humanos "Digna Ochoa", señaló que Flor Dessiré no ha dado resultados en torno a la violencia feminicida, pese a que fue uno de sus compromisos al tomar protesta del cargo en el IMEM, por lo que pidió a los legisladores pensar bien su determinación.

Adriana Mujica Murias, ex titular del IMEM, sostuvo que los diputados están avalando a una mujer que está comprometida con el gobierno que encabezó Graco Ramírez y que no garantiza los resultados que las mujeres esperan.

"No está comprometida con las mujeres y eso nos parece a muchas mujeres que les mandamos muchos llamados al Congreso para que no avalaran la convocatoria y la echaran para atrás y emitieran una nueva convocatoria. No queremos que se avale a alguien que hizo la anterior legislatura en lo oscuro, en lo oscuro hizo esa convocatoria", manifestó Mujica Murias.

Sin embargo, horas después, el Pleno del Congreso del estado, en sesión ordinaria, abrogó el decreto por el que se revocó el nombramiento de León Hernández en septiembre pasado y avaló su nombramiento para que permanezca al frente del Instituto de la Mujer.

Las mujeres que participaron en la instalación de la comisión también reprocharon a los diputados que no han hecho nada por abatir la violencia en contra de la mujer, cuando en el mes de octubre se registraron seis feminicidios.

Keila Figueroa Evaristo, presidenta de la Comisión de Igualdad, se comprometió a trabajar en el tema y a insistir en que haya igualdad de oportunidades en la función pública para las féminas. 

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste dejaron de pagar las aportaciones al Instituto de Crédito, que sí fueron descontadas a los trabajadores.

Integrantes de la LIV Legislatura presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de varios ex diputados locales por los delitos de peculado, desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste fueron acusados de haber retenido las aportaciones de los trabajadores del Congreso del estado durante los años 2016, 2017 y 2018, que debieron haberse enterado ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).

El diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, uno de los siete diputados que promovieron la denuncia, señaló que los legisladores firmaron convenios con el ICTSGEM, con el aval del gobierno estatal para no entregar las aportaciones de los trabajadores. Incluso, dijo que desviaron recursos del Congreso local para cubrir una parte de la deuda.

Sostuvo que la denuncia fue sustentada con el apoyo de asociaciones de abogados y colegios de contadores, por lo que existe la confianza en que habrá castigo para los ex diputados.

Los legisladores del PT, Valentina Rodríguez Ruiz, José Luis Galindo Cortés, Erika García Zaragoza; Blanca Nieves Sánchez del Partido Nueva Alianza (Panal); de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez; y Marcos Zapotitla Becerro de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también firmaron la denuncia que se presentó ayer por la mañana ante la fiscalía sin el acompañamiento de la Mesa Directiva.

Ordenan a la ESAF inicie procedimientos sancionadores en contra de ex diputados

Más tarde, el Pleno del Congreso local ordenó al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar procedimientos sancionadores, imposición de multas, juicios y acciones jurídicas en contra de las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, ex vicepresidenta de la Mesa Directiva y ex presidenta del Comité de Vigilancia, respectivamente, por negar información financiera y contable al órgano auditor para realizar allá la auditoría especial que la LIII Legislatura ordenó antes de que concluyera.

Los procedimientos también se iniciarán en contra de Martha Patricia Bandera Flores, ex secretaria de Administración y Finanzas, responsable de la información correspondiente a las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.

Podría haber irregularidades, señala diputada.

Ante posibles irregularidades, el Congreso del estado podría revocar los nombramientos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El 27 de septiembre pasado, la Comisión de Selección del SEA eligió a los cinco comisionados, derivado de un proceso que avaló la LIII Legislatura.

Sin embargo, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que el expediente por el que los exlegisladores eligieron a los integrantes de la Comisión de Selección y, posteriormente, este órgano designó al Comité de Participación Ciudadana, está desaparecido.

"Estamos en búsqueda de encontrarlo. Ya se mandó un documento a la diputada Ariadna (Barrera) de la comisión encargada. Esperamos encontrar el expediente, saber cómo se eligió, porque creemos que hay irregularidades", explicó la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

Dijo que de confirmar que se trató de un proceso viciado, el Congreso local podría reponer todo el proceso para el nombramiento del comité que integra el Sistema Estatal Anticorrupción.

El pasado 12 de octubre, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Roberto Coranguez Esquivel, acudió al Congreso del estado para solicitar a la Mesa Directiva se les tome protesta ante el Pleno del Congreso como comisionados.

Explicó que aunque fueron designados por la Comisión de Selección, están obligados a rendir protesta ante el Congreso local para que se haga válida su representación.

El alcalde de Cuautla acudió ayer a la sede del Congreso local.

Diputados locales balconearon al alcalde de Cuautla Raúl Tadeo Nava, a quien acusaron de intentar buscar protección del Congreso del estado para que no se le inicie una investigación por supuestos malos manejos de recursos durante su administración, que concluirá en diciembre próximo.

La mañana de ayer, el edil acudió al recinto legislativo e hizo antesala en la oficina de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, sin embargo, nunca fue recibido por la legisladora.

Ante dicha visita, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, y Tania Valentina Rodríguez, afirmaron que no se cubrirá a Tadeo Nava, ni a ningún presidente municipal que haya cometido irregularidades durante se gestión.

"El Congreso no lo respalda ni lo va a respaldar. Tadeo Nava es un hampón que tendrá que ir a la cárcel, intentó reunirse con la diputada Tania y por eso está aquí y vamos a buscar los mecanismos jurídicos y políticos para detener todas sus arbitrariedades y que Cuautla tenga justicia social", manifestó Zapotitla Becerro.

El legislador local acusó a Tadeo Nava de haber desviado recursos del gobierno de Cuautla, además de intentar sindicalizar a 60 trabajadores allegados, entre otras irregularidades que –aseguró- serán investigadas por el Congreso local.

No descartó que el Congreso local ordene a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) una auditoría especial a dicho ayuntamiento.

Por su lado, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno sostuvo que no se "cubrirá más a aquellos políticos que cuando están en la función pública, se protegen por amigos o por compadrazgos".

Adelantó que se procederá en contra de los alcaldes que hayan cometido irregularidades durante los últimos tres años. 

Los dos legisladores también estuvieron acompañados por los petistas José Casas González y Erika García Zaragoza.