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Nuevas diferencias entre grupos de legisladores tienen detenida la remoción de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

La solicitud de remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez -que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado- se encuentra detenida, a causa de nuevas diferencias entre los legisladores.
Una vez más, una sesión ordinaria (la del martes pasado) se encuentra suspendida por diferencias entre las fuerzas políticas para impulsar la destitución de los fiscales.
Ayer, en rueda de prensa, legisladores del Partido del Trabajo (PT) acusaron a sus homólogos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de negarse a avanzar en un tema que es "prioritario" para el estado.
"Yo sí quiero hacer un llamado enérgico, pero también respetuoso, a los diputados del partido hermano Morena... el fiscal es el primero que debe tener la mano dura de la izquierda en Morelos. Pedimos que los compañeros de Morena den la cara al pueblo de Morelos, Andrés Manuel ya no quiere falsos políticos, ni falsos que dicen amar a Morelos", manifestó la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
José Casas González señaló la supuesta intromisión del exdirigente estatal de Morena, Miguel Lucia Espejo, quien habría pedido a los legisladores de ese partido ausentarse el martes pasado del Congreso local y no acudir a la reunión de la Junta Política y de Gobierno para resolver la solicitud que envió el Ejecutivo, por lo que se les convocó a una nueva reunión hoy por la mañana.
"A estas personas que se están entrometiendo, que así como aspiraron a cargos públicos y no lo lograron; a Miguel Lucia, que ya está ostentando un cargo a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación, a que deje de meter las manos en el estado de Morelos y deje de estar manipulando a los diputados a través del partido Morena", aseveró Casas González.
La diputada Rodríguez Ruiz admitió que sin el voto a favor de los diputados de Morena, el tema no avanzaría, de ahí el llamado a que aprueben la destitución de los fiscales que no cumplieron con la evaluación de control y confianza, y han cometido una serie de irregularidades en el cargo y sin resultados favorables para la ciudadanía.

Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

El Congreso del estado recibió la solicitud del Poder Ejecutivo para que proceda a la destitución de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas impidió que ayer se concretara dicho proceso. 
Durante la sesión ordinaria de la tarde de ayer, el Pleno del Congreso del estado conoció el oficio que remitió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que los diputados removieran a los fiscales que fueron designados durante la LIII Legislatura y a propuesta del exgobernador Graco Ramírez.
La solicitud del mandatario estatal se sustentó en un informe que el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, le remitió la semana pasada, y en el que se señala que ni el fiscal general del estado ni el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción cumplieron con la aplicación y aprobación de la evaluación de control y confianza, requisito necesario que marca la Ley General de Seguridad y la Constitución Política federal para ocupar y permanecer en dichos cargos.
Sin embargo, al dar trámite a la petición del gobernador, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva se decretara un receso para atender dicho oficio, que fue decretado hasta por una hora.
La coordinadora del grupo parlamentario del PT explicó -en entrevista- que no conocían el fondo de la solicitud y por tal razón se convocó ayer mismo a sesión de la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, después casi tres horas de receso se confirmó que la sesión de ayer se reanudará hasta nueva convocatoria de la presidencia de la Mesa Directiva. 
De manera extraoficial se informó que no existen coincidencias entre las fuerzas políticas en la vía jurídica que se tomará para proceder en contra de los fiscales.
Además, se confirmó que el pasado lunes el fiscal Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

Designan a director de Instituto de Investigaciones Legislativas
Diputados locales designaron ayer a Omar Alfonso Barrera Hernández como director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del estado.
Se trata de uno de los nombramientos acordados en la repartición de espacios administrativos del Poder Legislativo, que correspondió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Durante la sesión de la Junta Política y de Gobierno del lunes pasado, las coordinadoras ratificaron los nombramientos que acordaron la semana pasada, con la recomendación a sus homólogos de evitar designar a familiares en dichos cargos.
Además, determinaron nuevas designaciones, como es la del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, propuesta de la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, que fue votada mediante cédula y aprobada con 16 votos por el Pleno del Congreso.
Además de dicho nombramiento, aún está pendiente la designación del secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, tras la renuncia de Jaime Juárez López. 
A pesar de que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo, que se pidió a los legisladores evitar cometer nepotismo al designar a sus familiares en los cargos que les correspondieron a cada uno, hasta el día de ayer ningún diputado confirmó que se hayan anulado los nombramientos de Gerardo Sánchez Mote, padre de Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista (PH), en la Jefatura de Adquisiciones, y de Edgar Duque Granda, familiar del diputado del Partido Encuentro Social (PES), en la jefatura de Activos Fijos.

Diputado confirma que se inició un proceso para remover a Uriel Carmona Gándara.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el Congreso local inició un proceso para remover al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, por “graves omisiones y acciones” que ha cometido durante su encargo, y que no mencionó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que se inició una investigación en contra del fiscal para sustentar su remoción, ya que su labor es altamente cuestionada por haber sido nombrado por la LIII Legislatura a propuesta del exgobernador Graco Ramírez. 
Sin embargo, contradijo la versión de sus homólogos del Partido del Trabajo (PT) que la semana pasada -en rueda de prensa- afirmaron que el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no cumplieron con las evaluaciones de control de confianza, causales para su destitución.
Zapotitla Becerro aseguró que la legislación estatal no señala nada al respecto, por lo que resulta improcedente lo sustentado por José Casas González y el resto de los integrantes del grupo parlamentario del PT.
"No podemos nosotros generar alguna determinación sobre una destitución del encargo si no reunimos o fundamentamos dos elementos, y me refiero a otorgarle audiencia previa al fiscal y nos explique sobre el tema, y después el Congreso estaría en condiciones de tomar una determinación. Dicha determinación debe tomarse a partir de una causa grave que está establecida en la Ley de Responsabilidades", explicó.
De acuerdo al diputado de Morena, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, se presentó la propuesta para citar a comparecer al fiscal Carmona Gándara ante el Congreso del estado y garantizarle su derecho de audiencia, ante las acciones y omisiones que -de manera ilegal- cometió durante su encargo y que han sido detectadas por el Congreso del estado. 
A la par, dijo, esperan que el Poder Ejecutivo también presente una solicitud para que se inicie un proceso en contra del fiscal general y, por consecuencia, en contra de Juan Salazar Núñez. Este proceso podría concretarse antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, el próximo 15 de diciembre.
El diputado reiteró que se requieren al menos 14 votos para poder proceder a la destitución de los fiscales, votos que aún no están garantizados en el Congreso.

La presidenta de la Junta Política afirma que se trató de un acuerdo entre todos los legisladores y cada uno debe asumir su responsabilidad.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, propuso a sus homólogos retractarse del acuerdo que aprobó la Junta Política y de Gobierno para repartirse los puestos administrativos, ante la violación deliberada en la que incurrieron algunos de ellos al designar a sus familiares.
En entrevista, la legisladora consideró lamentable la determinación de algunos legisladores para aprovechar su posición y nombrar a sus familiares en cargos del Congreso local.
Flores Espinosa sostuvo que no sólo se afecta la imagen del Poder Legislativo, sino que se incurre en un acto ilegal que implica una responsabilidad administrativa y que fue avalada por todas las fuerzas políticas.
"No sé si por ignorancia estén violentando la ley, pero vamos a hacer las observaciones correspondientes a la Junta Política de que se respete la ley dentro del Congreso del estado. Recordemos que somos 20 diputados y que la gente no habla de un diputado, sino de la LIV Legislatura", declaró.
La diputada de Morena hizo las declaraciones a raíz del nombramiento de Gerardo Sánchez Mote en la Jefatura de Adquisiciones, pese a ser el padre de la diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, también estaría en un conflicto de interés por designar a su familiar Edgar Duque Granda en la Jefatura de Activos Fijos.
Sin embargo, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que el tema tendría que revisarse, sin embargo, señaló que fue una determinación de todos los coordinadores de las fuerzas políticas y no sólo de la presidencia de dicho órgano.
"Fue un acuerdo general, pensando en que todos los lugares importantes del Congreso los tengamos que trabajar... estábamos en un Congreso donde la gente no era nuestra, entonces era muy difícil trabajar", declaró.

Aseguran que las terminales que están ubicadas en el centro y sur de Cuernavaca ya no cumplen la normativa en materia de uso de suelo.

El Pleno del Congreso del estado exhortó a autoridades municipales de Cuernavaca y del gobierno estatal y federal, a reubicar las centrales comerciales de transporte federal, ya que generan problemas de tránsito vehicular.

Durante la sesión ordinaria de ayer, diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo por el que se solicitó al Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a poner orden en las centrales de autobuses Pullman de Morelos y Estrella Roja que se encuentran en el centro y sur de la capital y que representan problemas sociales por considerarse una zona densamente poblada.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, dijo que se trata de terminales de transporte federal que fueron autorizadas hace 40 y 80 años, y actualmente ya no cumplen con lo que marca la normativa en materia de uso de suelo.

"...en la terminal Pullman del centro, lo mismo se ofrecen servicios de transporte a la Ciudad de México, es decir, fuera del estado de Morelos, que hacia los municipios del sur de esta entidad federativa. En ambos casos, la queja recurrente de los concesionarios del transporte público con itinerario fijo es que, a pesar de que los camiones de dicha compañía tienen placas federales, se comportan como colectivos subiendo y bajando pasaje por toda la ciudad, abonando a la grave crisis de tráfico vehicular que aqueja a Cuernavaca", manifestó la diputada.

Los legisladores consideraron que es conveniente que se reubiquen dichas centrales camioneras, a zonas donde no existan problemas de tránsito vehicular.

La anterior legislatura no estableció las bases legales para que Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo se erijan como municipios a partir del 2019, reitera diputado.

Por irregularidades y omisiones cometidas por los exdiputados de la LIII Legislatura en el proceso legal para la creación de los municipios indígenas de Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo, éstos podrían no instituirse en enero próximo, confirmó el diputado de Morena, Marcos Zapotitla Becerro.
En entrevista, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que los exlegisladores no establecieron las bases legales para que los nuevos municipios pudieran iniciar su administración, a pesar que los decretos de su creación fueron aprobados desde noviembre del 2017. 
"Esto trasciende al tema presupuestal, al territorial, al tema de las deudas, de los pasivos que van a arrastrar los municipios... Me queda claro que no avanzaron esto a un sistema gubernamental, que incluía al gobierno federal, al gobierno del estado para poner orden. Yo sigo sosteniendo que sólo fue un asunto electoral, en el que se pretendió engañar, sorprender la inteligencia de los pueblos indígenas", aseveró el legislador local.
Sin embargo, Zapotitla Becerro informó que el tema es analizado por el Poder Ejecutivo, y el Congreso del estado espera una propuesta para evitar que se cree un conflicto social mayor, ante la exigencia de los municipios indígenas por instituirse el próximo año, como se estableció en los decretos de su creación. 
Sostuvo que el Poder Legislativo y el Ejecutivo trabajarán para cumplir con lo que marca la ley, pero advirtió: "Nosotros no vamos a sudar calenturas ajenas", pues reiteró que se trata de una responsabilidad de la LIII Legislatura.
Informó que una posibilidad es posponer la entrada en vigor de los decretos de creación de los municipios e instituirlos hasta que legalmente se cuente con las bases para que inicien las nuevas administraciones municipales.

Piden diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Diputados locales que conformaron un bloque de oposición de nueve integrantes pidieron una vez más diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y cuestionaron el trabajo legislativo que ha hecho en los últimos dos meses el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En rueda de prensa, los legisladores de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD), encabezados por el Partido del Trabajo (PT), rechazaron que hayan condicionado su voto para avanzar en el tema presupuestal y advirtieron que por errores de proceso legislativo, la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo para presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 (el jueves pasado) podría ser improcedente.
El diputado del PT José Casas González fundamentó la invalidez de la sesión ordinaria del jueves de la semana pasada, que fue suspendida (por falta de quórum) de manera errónea, en lugar de declararse un receso para llamar a los diputados que no estaban en el Pleno, incluido el bloque de los nueve.
Aseguró que ya no podrían retomarla esta semana, sino que la Mesa Directiva tendría que convocar a una nueva asamblea.
Lo anterior, dijo, podría motivar a la improcedencia de la solicitud del Poder Ejecutivo, y que al no existir una iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2019, el próximo año tendría que aplicarse la legislación vigente en este 2018.
Además, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, que pertenece a dicho bloque de legisladores, también argumentó que el secretario de Hacienda del gobierno del estado estaba obligado por ley a explicar ante el Congreso local los motivos de la prórroga que solicitaron, y hasta el momento no han conocido ni la petición formal del Poder Ejecutivo.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que dichos errores legislativos se deben a falta de experiencia por parte del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y a fallas en la Secretaría de Servicios Legislativos.
Además, señaló a la diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, quien no informó a todos los legisladores de la solicitud del Poder Ejecutivo, como tampoco ha notificado de manera formal de las sesiones de dicho órgano legislativo.
La coordinadora de la bancada del PT sostuvo que no aprobarán un presupuesto en lo "oscurito", ni a modo, y si se determina la procedencia para que el Poder Ejecutivo presente su propuesta de Paquete Económico para el 2019, pedirán que sea público para lograr un presupuesto social.
Los nueve legisladores pidieron al presidente de la Mesa Directiva fundamente la viabilidad de atender una prórroga para recibir una propuesta del presupuesto, pues afirmaron que no serán responsables de una violación a la ley.

También solicitan al alcalde Jesús Hernández Limonchi abstenerse de contratar obras y servicios que no sean realizados con el presupuesto del 2018, y no sindicalizar a personal de confianza.

Miembros del Cabildo electo de Cuernavaca acudieron a la presidencia municipal para entregar tres documentos al alcalde Jesús Hernández Limonchi en los cuales exigen que se cancele el cobro del impuesto predial de forma anticipada, pues es -argumentaron- una violación a la ley.

La regidora electa por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Anayeli Rodríguez, y el regidor electo por el Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Martínez Dorantes, leyeron un pronunciamiento en el que explicaron el contenido de los documentos entregados a la presidencia.

Primero señalaron violaciones a la Ley General de Hacienda, que prohíbe a las administraciones municipales el cobro anticipado del impuesto predial del ejercicio fiscal del año siguiente, ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal vigente, por lo que pidieron copias certificadas del acta de Cabildo en la que se autorizó la campaña de cobros anticipados del predial 2019 y, de haberse abierto cuentas bancarias adicionales para recibir ese ingreso, exigieron les entreguen copias certificadas de los contratos bancarios.

También pidieron que de forma inmediata den inicio al proceso de entrega-recepción, toda vez que desde el 4 de septiembre las autoridades electas pidieron dar inicio formal al proceso de entrega, pero en ese entonces les dijeron que estaban realizando los trámites.

Además, al edil lo exhortaron a abstenerse de cualquier contratación de obras y servicios que no sean realizados con los recursos disponibles del presupuesto del ejercicio fiscal 2018, y exigieron que se abstengan de sindicalizar a personal de confianza, pues aseguraron que tienen conocimiento de que ya pretenden realizar ese trámite.

Ejecutivo y Legislativo trabajan en las reformas legales que aún se requieren para que los municipios indígenas se puedan instituir con presupuesto y territorio propio y entren en funciones el próximo primero de enero, afirma diputado.

A contrarreloj, los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán establecer las bases jurídicas para la operatividad de los nuevos municipios indígenas Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla, que entrarán en funciones el 1 de enero del 2019.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, informó que se trabaja en coordinación con el Poder Ejecutivo, para concretar las reformas secundarias a leyes estatales que aún se requieren para que los municipios indígenas se puedan instituir con presupuesto y territorio propio.

Admitió que existe inexperiencia en el tema, pues nunca se había creado un municipio indígena en Morelos que trabajará bajo sus usos y costumbres, pero que tendrá bajo su responsabilidad un presupuesto y un número de población con su territorio al que le tendrá que prestar servicios públicos como Concejo Municipal.

Zapotitla Becerro dijo que les preocupa el tiempo que tienen para concretar las bases jurídicas necesarias para evitar una crisis en estos tres municipios el próximo año, ya que deben concretar ese trabajo antes del 15 de diciembre, plazo constitucional para la aprobación de las leyes de ingresos municipales.

"Estamos muy presionados en cuestión de temporalidad, es cierto, estamos prácticamente a un mes y yo espero que la próxima semana el Ejecutivo nos remita una propuesta muy específica, sobre la decisión que va a tomar sobre estas comunidades indígenas administrativamente hablando", explicó.

Por otro lado, el legislador informó que hoy se presentará finalmente una solución al conflicto que existe en Hueyapan por la integración del Concejo municipal. Aseguró que se planteará una salida que beneficiará a todo el municipio, aunque no especificó de qué trata.

Admitió que el Congreso del estado se ha tardado en atender el tema, pese a que los pobladores amenazaron con un conflicto mayor, al negarse a respetar al Concejo municipal que se eligió en julio pasado y que encabezaba David Montes Rosales, hermano del ex legislador perredista Javier Montes. 

El Congreso busca destituirlo luego de que ayer se negó a informar a los diputados.

El Congreso del estado buscará remover al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por supuestamente haber protegido a exlegisladores y a autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez en el mal manejo de recursos públicos.
Ayer, el auditor compareció ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes confirmó que la ESAF fue por muchos años una agencia de colocaciones y se aceptaron a aviadores del Congreso del estado y del Poder Ejecutivo.
De igual forma, admitió que de manera extraordinaria recibió más de dos millones de pesos al presupuesto de la ESAF del periodo de enero a junio del 2018, cuando se desarrollaba un proceso electoral, monto que nunca explicó a los legisladores en qué se ejerció.
El auditor Loredo Méndez fue citado por los diputados para que entregara información respecto a la revisión de las cuentas públicas a los municipios y al gobierno del estado, que durante los últimos dos meses se ha negado a entregar a los legisladores, pese dos exhortos hechos por el Pleno del Congreso. Sin embargo, ayer también se negó a responder a los legisladores la mayoría de las preguntas, con la justificación de que la ley le prohíbe aportar datos de las auditorías.
No obstante, los diputados señalaron al auditor no sólo las omisiones en las que ha incurrido en el cargo, sino que también lo acusaron de haber protegido a los exdiputados en un presunto mal manejo de recursos financieros.
José Casas González, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el titular de la ESAF ayudó a exdiputados de la pasada legislatura a "salvar" auditorías aplicadas en el 2015 a las cuentas públicas de los municipios de los que fueron alcaldes, tal es el caso de Julio Espín Navarrete, en Puente de Ixtla; Hortencia Figueroa Peralta, en Jojutla; Alberto Martínez, en Tetecala; Javier Montes Rosales, en Tetela del Volcán, y Francisco Navarrete Conde, en Tepoztlán.
Además, la diputada Rosalina Mazari Espín puso en duda las auditorías que se aplicaron por la ESAF al ejercicio de un crédito por más de dos mil millones de pesos contratado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez al inicio de su administración estatal.
Al finalizar el encuentro, el titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización calificó como un "circo" la comparecencia a la que ayer acudió.
Mientras tanto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que la comparecencia de ayer fue el inicio de un proceso para destituir a Loredo Méndez del cargo, aún y cuando fue designado en el 2015 por un periodo de ocho años.

Morena propone quitar fuero a funcionarios.

Al menos cuatro alcaldes que terminarán su administración en diciembre próximo, plantearon incrementos en diversos conceptos de las tributaciones municipales, mediante las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Mientras que el ayuntamiento de Temixco solicitó la autorización de un crédito por 50 millones de pesos.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que los ediles propusieron incrementar costos en licencias de funcionamiento de comercio, licencias de construcción e impuesto predial.

Se trata de los presidentes de Cuernavaca, Cuautla, Tepalcingo y Temixco. En el caso del último ayuntamiento también solicitó la aprobación de un crédito por 50 millones de pesos.

La legisladora local aseguró que no se aprobara más endeudamiento a nivel municipal ni estatal y tampoco se permitirá el cobro de tributos en perjuicio de la ciudadanía. 

Morena propone quitar fuero a funcionarios

Durante la sesión ordinaria de ayer, la coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, propuso eliminar el fuero al gobernador, diputados, magistrados e integrantes de los cabildos.

La propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado se presentó como parte de la agenda nacional que impulsó Morena. Sin embargo, en Morelos el fuero a los alcaldes y el resto de los integrantes del Cabildo fue eliminado en la LII Legislatura.

En el caso de los diputados locales, magistrados y el gobernador gozan de fuero federal y para ello se tendría que reformar la Constitución Política de México, facultad que compete al Congreso de la Unión. 

El gobierno anterior también tenía 400 “aviadores” en la nómina de Unidos por Morelos y aumentó el gasto corriente en tiempo electoral.

Durante el gobierno estatal que encabezó Graco Ramírez, se habrían desviado 500 millones de pesos para la campaña del ex candidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda. 

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que existen documentos que comprueban dicho desvío de recursos, además del registro de 400 "aviadores" del Fondo "Unidos por Morelos" que nunca trabajaron por la reconstrucción del estado, tras el sismo del 19 de septiembre, pero prestaron sus credenciales de elector sin ninguna justificación.

Además, se detectó un incremento del gasto corriente de dos mil 500 millones de pesos a tres mil 500 millones, que coincidió con el proceso electoral del 2015.

Informó que dicha información fue presentada al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y en los próximos días serán elementos para sustentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Zapotitla Becerro adelantó que el Congreso del estado tiene proyectado aumentar el presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad, a solicitud de su titular José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de impulsar una auditoría especial a la dependencia estatal por irregularidades cometidas en la administración pasada, como el haber informado de la contratación de cinco mil policías y sólo contar con mil 600 elementos.

El legislador de Morena sostuvo que no confían en el fiscal general Uriel Carmona Gándara, para el desahogo de las denuncias que se promoverán en contra de ex autoridades estatales, por lo que insistió en que buscan su remoción, a pesar que se amparó para que el Congreso no reformara la Ley Orgánica de la Fiscalía que le otorga beneficios como una pensión vitalicia. 

Se propone establecer figuras como la revocación de mandato, plebiscito, referéndum, entre otras.

El Pleno del Congreso local conoció la iniciativa de reforma constitucional en materia de participación ciudadana con el fin de incluir las figuras de revocación de mandato, presupuesto participativo, congreso y gobierno abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de contraloría.

Durante la sesión del miércoles pasado, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, presentó la propuesta de reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos.

El legislador local sostuvo que es necesario reformar el tema de la participación ciudadana, a raíz de la reforma que aprobó la LIII Legislatura para eliminar la revocación de mandato.

Propuso establecer los siguientes mecanismos de participación ciudadana: revocación de mandato, presupuesto participativo, gobierno abierto, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de Contraloría.

"La transformación y evolución del modelo democrático no puede entenderse sin una participación popular plena, directa, sin mecanismos reales y tangibles en los que la sociedad no sólo sea protagonista de un desarrollo justo y equitativo, sino en el que el poder político esté integrado bajo una perspectiva colectiva y nacional", manifestó García Chávez.

Explicó que al establecer los mecanismos de participación antes citados, la ciudadanía podrá tomar decisiones en torno a la aprobación del presupuesto y también conocer de manera directa lo que se desarrolla en las sesiones del Congreso del estado y de las decisiones del gobierno estatal.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

El Congreso crea una comisión especial; indagarán sobre los ocho mil millones destinados a paliar los efectos del sismo.

El Congreso del estado iniciará una investigación en contra de la administración que encabezó Graco Ramírez, para esclarecer el uso de ocho mil 300 millones de pesos que fueron asignados por la Federación y el gobierno estatal para la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura hospitalaria y carretera, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Ayer, diputados locales instalaron la Comisión Especial de Reconstrucción del Congreso del estado, que llevará a cabo la investigación y promoverá posibles acciones administrativas y penales en contra de las ex autoridades responsables de presuntas irregularidades.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, como presidenta de la comisión dijo que se sospecha el mal uso de recursos financieros destinados para la reconstrucción, ya que de cada 100 casas afectadas sólo se reconstruyeron cinco y el mismo atraso registran en escuelas y hospitales.

La legisladora señaló que el gobierno federal entregó a Morelos, por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), siete mil millones de pesos que se sumaron a los mil 300 millones que el estado aportó por medio del fideicomiso "Unidos por Morelos".

En total, en Morelos 31 mil viviendas resultaron afectadas por el sismo, de las cuales 5 mil 370 fueron daño total. Hasta agosto de este año el gobierno de Graco Ramírez sólo entregó 232 viviendas; de mil 831 escuelas afectadas,y sólo en 400 planteles se iniciaron trabajos de recuperación.

"Durante los trabajos de investigación que desarrolle está comisión estaremos facultados para iniciar procedimientos penales, civiles y administrativos que haya lugar ante las autoridades competentes y en contra de quien resulte responsable, en caso de encontrar actos de corrupción en el uso, destino y aplicación de los recursos públicos", manifestó la diputada de Morena.

De igual forma, dijo que retomarán los trabajos de reconstrucción para apoyar a los afectados por el sismo lo antes posible.

A la instalación de la comisión, acudieron alcaldes de los municipios afectados por el terremoto, como es el caso de Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla. 

El presidente electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, propuso a los diputados realizar un nuevo censo de los damnificados por el temblor, para que se garantice el apoyo a las personas afectadas.

Señaló que es urgente que se retomen los trabajos porque hay muchas familias en las calles, pero también que se esclarezca qué pasó con los ocho mil 300 millones de pesos, pues el presidente electo Andrés Manuel López se comprometió a asignar 700 millones de pesos a Morelos para el mismo fin. 

A nombre de los ciudadanos de Morelos reprochó la corrupción en la fallida obra del Paso Exprés.

Exigió que, además de sanciones a implicados, se realicen las obras necesarias para subsanar fallas de seguridad.

Organizaciones civiles y empresariales respaldaron postura de legislador federal.

El diputado federal por Morelos de Morena, Alejandro Mojica Toledo, entregó el reconocimiento a  la “Ineptitud y Corrupción” al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y reclamó los agravios cometidos contra los morelenses y los millones de personas que arriesgan su vida al cruzar por el mal llamado Paso Exprés.

Durante la comparecencia de Ruiz Esparza en el Congreso de la Unión, Mojica Toledo subió a tribuna para recriminarle de frente su ineptitud y que su historial como servidor público quedará manchado de sangre por las vidas que cobró la corrupta y fallida obra.

“Ineficiencia, corrupción, soberbia, ésa es la marca que usted, Gerardo Ruiz Esparza, dejó grabada en el pavimento del mal llamado Paso Exprés.

“Pero el peor agravio, del que usted es cómplice y que mantiene sus manos sucias de sangre, es el colapso del tramo 93+857 del Paso Exprés, en el que perdieron la vida dos personas, padre e hijo, al caer en un socavón generado en la cinta asfáltica debido a la estupidez de los ingenieros que usted puso a cargo de sus negocios”, dijo y le recordó que manera inexplicable mantuvo como delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, profesor de inglés en el Estado de Hidalgo.

Dejó claro que ciudadanos, vecinos afectados por las obras del Paso Exprés, ambientalistas y la sociedad civil organizada advirtió una y otra vez a la dependencia federal de las deficiencias y daños ocasionados por la obra fallida, pero que por negligencia y corrupción fueron desoídas.

Es así que, en nombre de los morelenses y todos los usuarios afectados, Mojica Toledo entregó el reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” al secretario de la SCT y afirmó que, pese a que Ruiz Esparza pretende dar carpetazo al asunto, buscará no sólo que haya sanciones y deslinde de responsabilidades en la cadena de corrupción, sino que la dependencia federal haga frente a la exigencia de los ciudadanos y subsane urgentemente  todas las fallas de seguridad que ponen en riesgo la vida de miles de jóvenes, padres de familia, trabajadores y turistas que atraviesan esta vía de comunicación.

“En su reciente comparecencia ante el Senado, declaró que la investigación del Paso Exprés es un asunto cerrado, a pesar de la existencia de la Recomendación 34/2018 de la CNDH, en la que señala la responsabilidad directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Gobierno del Estado de Morelos, en aquel momento a cargo de Graco Ramírez, en este asunto. 

“Recuerdo cuando lo vi aquel 12 de julio de 2017, bajando de su helicóptero y balbuceando en televisión nacional “Pido perdón a las familias de las víctimas por el mal rato que han pasado”; debe ser enorme la culpa que usted carga sobre sus hombros”, espetó.

El reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” fue entregado con el respaldo de: Guardianes de los Árboles, Cámara Nacional de Comercio  de Cuernavaca (Canaco), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Comunidad A.C., Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Morelos), Asociación de Parque Acuáticos y Balnearios de Morelos (Apabam), Asociación Mexicana de Mujer (Amexme), Asociación de Discotecas y Centro de Espectáculos (Adice), G-19, Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive-Morelos), Consejo Cívico Ciudadano y Colectivo del Rescate del Paso Exprés. 

La consulta estará abierta hasta el domingo en diez mesas receptoras en ocho municipios de la entidad.

Este jueves inició en Morelos, como en el resto del país, la consulta nacional sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), convocada por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En la entidad fueron colocadas diez mesas receptoras a las que acudieron durante la jornada del primer día cientos de personas.

En Morelos se proyectó la instalación de una decena de mesas receptoras. Los organizadores informaron que se instalaron sin contratiempos y fueron distribuidas mil 500 boletas para cada una.

De acuerdo con la página de internet del equipo de transición, las mesas en Morelos se ubicaron en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Xochitepec, Tlaltizapán, Temixco y Yautepec.

Cabe recordar que el propósito es consultar a la ciudadanía qué proyecto prefiere en relación al proyecto de terminal aérea, si continuar con el de Texcoco y dejar de usar el de la Ciudad de México, o la propuesta de seguir usando el que ya está en operación y adecuar pistas en el de Santa Lucía.

La consulta nacional para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará abierta para todos los mexicanos mayores de 18 años hasta el 28 de octubre.

Las mesas serán ubicadas en el mismo sitio durante estos días, abrirán a las ocho de la mañana y cerrarán a las 18 horas, como ocurrió en la mayoría de las casillas ayer.

El único requisito para participar en la consulta es presentar la credencial de elector. Una de las personas que se encuentran en la mesa revisa la credencial y la coteja con un teléfono celular en el listado nominal; de coincidir, se entrega la papeleta que sólo contiene dos opciones.

De manera abierta a los ojos de los integrantes de la mesa, la persona debe marcar su elección, pues no hay posibilidad de realizar esta acción en secreto o de forma privada. Una vez que se vota, se coloca la papeleta en la urna y se solicita al ciudadano marcar el dedo pulgar de la mano derecha con tinta. Terminado el proceso, se entrega la credencial.

Las quejas recurrentes eran que algunas de las personas ubicadas en mesas aprovechaban oportunidades para incidir en la decisión del participante, por ejemplo, en el zócalo de la ciudad, donde un adulto mayor pidió más información para poder marcar y uno de los receptores hizo hincapié en las desventajas de una de las opciones.

Hasta el reporte del mediodía, los organizadores indicaron que la afluencia de los ciudadanos era mayor a la esperada.

El presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Morelos, Gerardo Albarrán Cruz, acudió la mañana de este jueves a la mesa ubicada en los arcos del Palacio de Gobierno.

En entrevista, dijo que para los morenistas es fundamental que la ciudadanía participe, ya que en la construcción de la democracia es necesario promover la opinión de las y los ciudadanos y que ésta sea tomada en cuenta por quienes gobiernan.

Dijo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo con este compromiso de campaña con esta primera consulta. Ante las críticas, dijo que la organización, ejecución y planeación de la actividad está vinculada al equipo de transición del próximo gobierno federal y añadió que respeta los puntos de vista de todas las personas.

Existe desabasto en varios municipios: diputada.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que impulsará un punto de acuerdo para que se apliquen auditorías a los organismos de agua potable en el estado, ante el desabasto que existe del servicio público en varios municipios.

De acuerdo a la legisladora, la carencia de agua que registran varias colonias de Cuernavaca se vive en otros municipios de la entidad, ya que la mayoría de los organismos operadores enfrentan problemas financieros severos.

Ante tal situación, dijo que impulsará un punto de acuerdo para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) aplique auditorías en los sistemas de agua potable de manera urgente.

Mientras tanto, sostuvo que los alcaldes tienen que hacer frente al problema y resolverlo de inmediato, pues es su obligación cumplir con los servicios públicos que además pagan los ciudadanos.

"No es un tema exclusivo de Cuernavaca. Nos hemos enterado que varios municipios están en la misma situación y mucha gente está careciendo del vital líquido que es el agua potable. Es una bomba de tiempo que ya explotó y esperemos que el presidente cumpla, porque se puede complicar aún más si no dan solución y la solución es que se les lleve el agua de la manera que sea a los hogares", manifestó.

La legisladora local señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe ser sensible y buscar una solución para que el municipio de Cuernavaca y otros gobiernos puedan pagar las deudas que tienen con la paraestatal. 

Plantean volver a crear una legislación para erradicar las cuotas en escuelas de nivel básico.

El Congreso del estado analiza abrogar la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos y volver a crear una legislación para erradicar las cuotas escolares en escuelas de nivel básico.

Ayer, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y de los comités de padres de familia de distintas escuelas del estado, presentaron una solicitud a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que se cree una nueva ley que prohíba el cobro de cuotas escolares y obligue al gobierno del estado a aportar presupuesto para el mantenimiento de las escuelas.

Julita Villalba Arias, integrante del MMB, dijo que la Ley de Uniformes Gratuitos fue un fracaso y, a la fecha, se desconoce el uso del presupuesto etiquetado para apoyar a los alumnos.

Mientras tanto, sostuvo que en todas las escuelas se obliga a los padres a pagar por una cuota. Sin embargo, dijo que si se vuelve a crear una ley en la materia, también debe transparentarse el uso de los recursos financieros.

Al respecto, la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, aseguró que se analizará la propuesta de padres de familia y maestros, pues es un hecho que la Ley de Uniformes Gratuitos "sólo sirvió para avalar un negocio" de la pasada legislatura y administración estatal.

"Lo vamos a revisar con los abogados, lo vamos a analizar con los diputados para que sea otra vez y regresar la ley (de cuotas escolares). Estamos a un mes de revisar el presupuesto y es por ello la urgencia de que se analice crear esta ley", declaró. 

De igual forma, refirió que el Congreso del estado pedirá al gobierno del estado se aclare el uso del presupuesto que se destinó en un primer momento para las cuotas escolares y, posteriormente, para los uniformes, ya que nunca lo transparentó la administración estatal pasada. 

Contrario al criterio de Sala Regional del TEPJF, consideró que la asignación de regidurías debía hacerse sin tomar en cuenta a síndico y alcaldes.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) concluyó con la resolución de las impugnaciones por las elecciones municipales y la asignación de regidurías, entre las que destacó la confirmación del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jiutepec y Cuautla, así como la asignación de una regiduría al líder estatal morenista Gerardo Albarrán Cruz en Cuernavaca.

Al resolver 47 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y recursos de inconformidad, el Pleno del TEEM confirmó la validez de la elección municipal de Jiutepec y Cuautla, en la que resultaron electos alcaldes por el partido Morena, Rafael Reyes Reyes y Jesús Corona Damián.

En el tema de asignación de regidurías, el TEEM determinó modificar la integración del cabildo de Cuautla al ordenar la revocación de la constancia como regidores por el principio de representación proporcional  a Romel Santiago Galindo y Verónica Adriana Andrew Correa, de los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y entregarlas a Mario Salinas Velázquez y Dulce Justo Vergara, ambos emanados de Morena.

En el caso de Cuernavaca, ordenó revocar la constancia a Ulises Vargas Estrada e Israel Rafael Yúdico Herrera, regidores propietario y suplente del Partido Social Demócrata, y entregarla al líder estatal de Morena, Gerardo Ernesto Albarrán Cruz y a Jesús Enríquez Reyes, en calidad de regidores propietario y suplente.

En Jiutepec fue revocada la constancia como regidor por el Partido Verde Ecologista al otrora director del sistema de agua potable, Juan Carlos Beltrán Toto, y se ordenó entregarla a Luis Antonio Ramírez, de Morena.  

En Tetecala, ordenó dejar sin efecto la constancia de Alma Viceira López, de Morena, y entregarla a Lorena Ávila  Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.

En Jantetelco se ordenó retirar la constancia al independiente César Gabriel Rosas Tapia y entregarla a Gerardo Andrew, del Partido Humanista.

En Yecapixtla se ordenó revocar la constancia a Marco Sánchez González, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Gallardo Bandera, de Movimiento Ciudadano y Partido Social Demócrata, y entregarla a Karina López Robles y Luis Enrique Morales Ramos, del Partido Acción Nacional.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, detalló que para la asignación de regidurías bajo los límites de sub y sobrerrepresentación que prevé la ley, el tribunal determinó como criterio excluir a los alcaldes y síndicos electos por mayoría.

Dijo que si bien parece contrario al criterio adoptado por mayoría por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF (que determinó que, como el caso de los diputados, debe incluirse en la asignación de regidurías a los ediles y síndico), en el máximo tribunal  todavía prevalece en discusión.

Al concluir con el análisis de los asuntos del proceso electoral 2017-2018, señaló que estarán pendientes de las resoluciones provenientes de instancias superiores.

Exhorta al gobernador a que finalice colaboración con el Instituto en ese sentido.

Ayer tomaron protesta a César Santana Nava como contralor del gobierno estatal y quedó integrada la comisión de la reconstrucción.

El Pleno del Congreso local exhortó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a que finalice cualquier colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a fin de que no se aplique el examen a los maestros el próximo 28 de noviembre próximo, como parte de la llamada Reforma Educativa.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza dijo que dicha evaluación se dará a unos días de que tome protesta el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a impulsar una reforma educativa que garantice respeto a derechos de los maestros y mejore la calidad educativa.

“Resulta en una desproporción del agónico gobierno federal aferrarse a este tema”, manifestó la diputada, quien previó que para cuando estén listos los resultados de la evaluación ya se habrá aprobado una nueva reforma educativa.

“Hoy vengo a hacer uso de la más alta tribuna del Estado para hacer un llamado al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al titular del Instituto Estatal de Educación Básica del Estado de Morelos, con el propósito de que dejen de colaborar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la aplicación del Examen de Evaluación a las Maestras y Maestros de Morelos, en virtud de la inminente modificación o derogación de la mal llamada Reforma Educativa”, planteó la legisladora.

Contrariamente a lo que maestros han solicitado, la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso y exlíder magisterial, se opuso al punto de acuerdo.

Incluso, minutos antes de que el punto se sometiera a votación del Pleno, intentó convencer a sus homólogos para que no lo votaran.

Los argumentos de la legisladora es que los maestros podrían confundirse si se suspende la evaluación, ya que la aprobación de una reforma educativa es sólo una promesa de campaña. Incluso la diputada votó en contra del punto, con lo que sería la segunda vez que se niega a atender el llamado que los mismos maestros han hecho para que el gobierno estatal no obligue a la aplicación de la citada evaluación.

Rinde protesta contralor del estado

En la sesión ordinaria, los diputados tomaron protesta a César Santana Nava como contralor del gobierno estatal.

Los legisladores aprobaron un punto de acuerdo de la Junta Política y de Gobierno del estado por el que se ratificó a Santana Nava, quien fue designado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Integran comisión especial de la reconstrucción 

Además de los puntos anteriores, también quedó integrada la Comisión de la Reconstrucción del Estado de Morelos, la cual estará presidida por los diputados  Keila Figueroa Evaristo, Alfonso de Jesús  Sotelo Martínez, Cristina Sánchez Ayala, Tania Valentina Rodríguez, Maricela Jiménez, Erika García, Rosalina Mazari y Ariadna Barrera.