Jojutla.-  A pesar de contar con tres demandas laborales, el Instituto de la Defensoría Pública contratará más personal, ya que desde la semana pasada abrió oficinas en este lugar.

Mirta Sagrario Aguirre Gómez, titular de la dependencia a nivel estatal, explicó que la intención de abrir oficinas en Jojutla  es atender a toda la ciudadanía que requiera una asesoría o una representación gratuita por parte de un abogado, sea en materia penal, o en materia civil, familiar o mercantil de  la zona sur del estado de Morelos.

“Nosotros tenemos bastantes años trabajando dentro de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía, lo que antes de la reforma del 2008 se conocía como el defensor de oficio;  hoy somos defensores públicos pero estamos dentro del sistema penal tradicional, que es el rezago del (sistema) escrito que nos queda en el estado, pero también dentro del sistema penal de corte acusatorio o lo conocido por las gente como los juicios orales, y aparte, también estamos atendiendo el área de atención temprana de la fiscalía, donde estamos atendiendo 24 horas continuas con un defensor público, atendiendo a toda aquellas personas que llegan detenidas y son puestas a disposición del ministerio público”, reseñó.

 Reconoció que en la zona sur no es muy conocida la existencia de este instituto ni sus funciones, porque se había descuidado en los distritos, en este caso zona sur y zona oriente, pero por ello, y por primera vez, se instalan oficinas propias –inauguradas el doce de julio-, lo que ayudará a difundir el servicio.

Destacó que ará servicio a los distritos de Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla, Zacatepec y Puente de Ixtla.

Pese a ser un servicio gratuito, aseguró que es confiable. “En otras administraciones teníamos el problema de que el ciudadano acudía, se quejaba, y no pasaba absolutamente nada, al contrario hasta el propio servidor público tomaba represalias en contra de ese ciudadano hoy no es así, en cuanto el ciudadano se acerca a nosotros focalizamos la atención en ese asunto”.

 Añadió que actualmente cuentan con cerca de diez abogados defensores públicos y están trabajando en una convocatoria pública para contratar quince plazas nuevas a futuro, pues, se pretende aumentar esa plantilla en la zona sur.

Interrogada acerca de los señalamientos hechos por abogados que aseguran que fueron despedidos injustamente, Aguirre Gómez respondió: “Fue un rumor  por parte de ex compañeros. Si bien es cierto, como consecuencia de procedimientos administrativos y renuncias voluntarias, es que hubo en su momento ciertas bajas, y estas personas están participando en la convocatoria aspirando nuevamente a ocupar una plaza de defensor público.  A todos aquellos que estuvieron de acuerdo con la forma de finiquitar la relación laboral, se les pagó conforme a derecho todas las prestaciones a las cuales tenían derecho y hay actualmente tres procesos laborales vigentes, dos de ellos ya por firmarse el convenio con el finiquito y solamente nos quedaría pendiente uno”.

Sostuvo que las bajas fueron por recorte y por responsabilidades administrativas ante la queja ciudadana.

Sin embargo, en entrevista, uno de los abogados despedidos, quien pidió omitir su nombre, aseguró que fueron despedidos por motivos más bien políticos. Destacó que en efecto, hay quienes aceptaron su liquidación y no al cien por ciento, sino porque eran en algunos casos madres solteras que no tenían opción.

Aseguró que no se justificaba su baja, tan es así que por ello demandaron y no es razonable que quieran contratar a nuevos, cuando los que había ya estaban capacitados.

Más aún, dijo que no es razonable que participen en una convocatoria para ingresar de nuevo, cuando ya estuvieron ahí y tienen la preparación adecuada, por lo que consideró que existen irregularidades en el manejo de ese instituto.