El 25 de febrero de 2011, Marbán Álvarez, como reportera del canal tres del Sistema Morelense de Radio y Televisión, acudió a cubrir un operativo, junto con su camarógrafo Rolando Marbán Marbán, al mercado de Jojutla.

Cuando el camarógrafo empezó a grabar, los fiscales se ofendieron, y le intentaron quitar la cámara. “Cuando veo lo que pasa, me acerco, empiezo a tomar fotografías y entonces se dirigen a mí con muchas groserías. Uno de ellos me empuja y al final voy al suelo. Tenía casi seis meses de embarazo y lamentablemente el bebé falleció después. Fui al seguro social, ahí levantan una denuncia, que yo ratifico después”, narró.

El 31 de marzo de 2015, Hernández Garduño, de 67 años y vecino de Jojutla, fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad.

El mes pasado, la jueza de primera instancia le dictó sentencia por este delito.

“La juez María Teresa Bonilla Tapia fue la que determina dos años tres meses de prisión para Raymundo Hernández Garduño y además una caución de aproximadamente cinco mil pesos, pero además dice que hay que pagar un daño moral por un concepto de 15 mil pesos aproximadamente y entonces esta persona hace el depósito al juzgado y sale bajo fianza”.

Señaló que el procedimiento no ha terminado y aunque Raymundo Hernández está libre bajo fianza, apeló a esta determinación y en un lapso no mayor a tres meses se sabrá qué es lo que determina el juez de la siguiente instancia. Podrían ratificar la sentencia o modificarla.

Apuntó que está pendiente el proceso de los otros dos fiscales, que consiguieron un amparo.

Marbán Álvarez, quien actualmente trabaja en el canal seis de cable, destacó que es la primera vez que se castiga a alguien que agrede a un periodista.

“Es la primera vez en todo el estado de Morelos que se sanciona a un servidor público, por el tema de una agresión hacia un reportero cuando está en el cumplimiento a su trabajo. Aquí es importante que los periodistas o los comunicadores, una vez que son agredidos, no nada más nos quedemos en la denuncia social o pública, sino también se haga la denuncia penal y que se le dé trámite a lo legal. También, por otra parte, que los ciudadanos sepan que si son objeto de alguna agresión por parte de un servidor público, hay un delito que se llama abuso de autoridad, que sí es castigado, y que en este caso tardó cinco años para que se hiciera justicia, pero que finalmente sí se llegó a sancionar o castigar a quien incurrió en este delito”.