Jojutla.- La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Morelos (CDH Morelos) realiza un diagnóstico -pendiente desde hace muchos años- de la situación que priva en la materia en la entidad.

La presidenta del organismo Lucero Benítez Villaseñor comentó que este trabajo tiene ya cinco años de iniciado y no se había podido concluir por falta de recursos, ya que el gobierno estatal no cumplió con el apoyo al prometido y sólo aportó 500 mil pesos, cantidad que no era suficiente (la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cobraba 1.7 millones de pesos). Sin embargo, consiguieron apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Asociación Freedom House para la revisión del contexto de los siete ejes rectores, ya que se debe cumplir con parámetros que pone el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), que es el órgano revisor, expuso.

Explicó que se hicieron tres bloques de trabajo para realizar el diagnóstico. El primero, para sacar toda la información de los siete temas; el segundo, trabajo de campo, con encuestas y conseguir información; y la última etapa fue realizar las mesas de trabajo con la participación de la sociedad, una en Cuernavaca, otra en Cuautla y la última en Jojutla, todas ellas, la semana pasada.

“Vamos a tener dos etapas de revisión por parte de la Secretaría de Gobernación y una vez que ya se maneje completo el contexto en materia de derechos humanos, se imprimirá a mediados del mes de marzo, para poder entregarlo antes del término de mi gestión”, apuntó.

Aseguró que apenas cinco estados han entregado este diagnóstico, que se debe hacer de acuerdo con los requerimientos del Alto Comisionado para las Naciones Unidas.

“Hemos realizado informes especiales de diferentes temas, el de trata de personas, el del mando único, el de los feminicidios, el de la alerta de género, el del medio ambiente, etcétera. Entonces la Comisión de Derechos Humanos de Morelos ya tenía informes especiales; lo único que hicimos fue actualizar la información y también hacer una actualización de lo que es la legislatura y la normatividad vigente desde el 2011, año en que salió la reforma en materia de derechos humanos”, agregó.

Sostuvo que el diagnóstico arrojará datos importantes en temas como el medio ambiente, pues ya hay situaciones graves en materia de salud pública en relación al medio ambiente, la trata de personas, el tema de los migrantes, el de las personas de condición indígena, el de las mujeres y el de la seguridad. También de lo que es el debido proceso y el acceso a la justicia, el de víctimas, el de desaparición forzada de personas, entre otros.

“Este diagnóstico se firmó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, era una obligación hacerlo. Desafortunadamente nos pusieron demasiados obstáculos para elaborarlo y yo sí me empeciné en terminarlo antes de mi gestión porque era un compromiso que se tenía en materia de los derechos humanos. Y yo tenía que entregárselo a este gobierno para que por lo menos, pudiera tener la sociedad un documento en donde ellos plasmaron su verdad y su posición de lo que pasa en derechos humanos”, concluyó.