Zona sur.- Será hasta el próximo domingo 21 de febrero que se resuelva la situación jurídica del edil de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, dos regidores y tres personas más, por la denuncia penal interpuesta por el gobierno estatal por violentar el decreto del Mando Único, luego de que ayer, en la audiencia de formulación de imputación, solicitaron ampliación del plazo constitucional para declarar.

Como se recordará, Alonso Plascencia fue denunciado penalmente por los probables delitos de abuso de autoridad, despojo e incumplimiento de la función pública, por haber retirado de las instalaciones de seguridad pública municipal al director del Mando Único el pasado 18 de enero 2016.

Junto con el alcalde, fueron denunciados los concejales Eder Campos Domínguez y Pedro Aragón Michaca; la secretaria municipal Paola Chávez y el hermano del alcalde Agustín Alonso Plascencia (quien ayer reveló ser asesor de seguridad personal del presidente) y Manuel Álvarez Domínguez, quien dijo trabajar de seguridad privada del alcalde (pero fue a quien nombraron director de la policía municipal el pasado 18 de enero). Todos ellos fueron llamados a comparecer ayer 16 de febrero, en la audiencia de formulación de imputación.

La cita era a las 12 horas, pero antes, alrededor de las 10:45 de la mañana, un numeroso grupo de vecinos de Tlaquiltenango realizaron una marcha en apoyo al alcalde.

Se concentraron en una tienda comercial en los límites de Jojutla y Tlaquiltenango y marcharon a pie, gritando consignas en contra del gobernador Graco Ramírez y portando pancartas de apoyo al edil.

Participaron cientos de personas, encabezadas por algunos hombres a caballo y gritando “de norte a sur, de este a oeste, sacaremos esa rata, cueste lo que cueste”, entre otras frases.

El contingente caminó en sentido contrario a la circulación, guiados por una patrulla de tránsito. Pasaron por la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y siguieron por la avenida principal, Constitución del 57, hasta llegar a la ciudad judicial, ubicada en la avenida Cinco de Febrero.

Ahí, realizaron un plantón e intensificaron sus gritos de apoyo al alcalde.

Mientras, personal de la ciudad judicial cerró todas las puertas.

Un cuarto de hora antes de las 12, llegó el presidente municipal, que recibió más muestras de apoyo.

En entrevista con los medios, insistió en que no ha violentado ninguna ley. “Todo se hizo conforme a derecho, es legal, no hubo ningún despojo ni abuso de autoridad. El Mando Único sigue haciendo su trabajo en Tlaquiltenango”.

A las 12 horas comenzó la audiencia, que fue presidida por el juez David Ricardo Ponce.

El fiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza dio a conocer los delitos de los que se acusa a los mencionados, por los hechos ocurridos el pasado 18 de enero 2016, en los que se aseguró, se violentó el decreto del gobierno del estado y los derechos del personal del Mando Único.

El juez, tras interrogar a todos los imputados si habían entendido de lo que se les acusa, les preguntó si deseaban rendir declaración a acogerse a un plazo mayor para su defensa, a lo que todos coincidieron en que solicitaban el plazo máximo de 144 horas para resolver su situación jurídica, por lo que el juez determinó que será hasta el próximo domingo 21 de febrero a las 11 horas, cuando se realice la audiencia de formulación vinculación a proceso.

El fiscal solicitó la presentación periódica de los imputados para evitar que se evadieran, lo que fue rebatido por la defensa (a cargo de Elda Lara, Jaime Tomás Miranda y Mariana Becerra) y concedido por el juez, a cambio solamente de la promesa de que asistirán.

La defensa solicitó también al juez, información de las actividades de las patrullas 00253, 00070 y 00469 del Mando Único, para establecer sus funciones y actividades en determinadas fechas.

Así concluyó la audiencia, que se llevó poco más de una hora.