Francisco Javier Salgado Guzmán, uno de los representantes legales de los demandantes, explicó que el proceso de demanda interpuesta desde el año 2013 en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) en contra del Ayuntamiento por siete ex trabajadores del área de seguridad pública, cuatro de ellos que debieron de haber sido pensionados por cesantía en edad avanzada, dos más por pensión al cumplir sus años laborados y una más por viudez, continúa su curso y ya está en etapa del arresto administrativo para todos los miembros del cabildo por omisión ante el pago determinado por el tribunal.

Agregó que debido a la indiferencia de las autoridades municipales para atender los resolutivos del tribunal, los ex trabajadores presentaron con fecha 1 de octubre de 2014 la solicitud de juicio de procedencia en contra de los integrantes del cabildo de Ayuntamiento de este lugar, además de que han incurrido en diferentes irregularidades.

Explicó que a la fecha, cada uno de los siete laudos ya ascienden de entre 300 mil a 500 mil pesos, dependiendo de cada caso, toda vez que a esto se suman las liquidaciones, el pago de prestaciones, como es el caso de aguinaldo que ya se adeuda el 2013 y 2014, así como prima vacacional, entre otras.

Los demandantes son: Julio Torres Sánchez, José Wenceslao Campos Pérez, Alejandro García Urióstegui, Felipe Domínguez Ayala, Marcos González Hernández, Roberto Rodríguez Valentín y Gloria González Hernández. Ésta última demandó por viudez, tras el deceso de su esposo desde el mes de noviembre de 2013 y a la fecha no se le ha pagado nada.

El representante legal mencionó que en todo momento la administración municipal ha argumentado que no se cuenta con recursos económicos para cubrir el pago de las pensiones, jubilaciones y liquidaciones. “Sin embargo este recurso es de un fondo federal etiquetado del fondo IV, por lo que el recurso debería de aplicar en ello, ya que no puede destinarse para otro rubro”, apuntó.

Además –dijo- el tribunal ha aplicado multas a los integrantes del cabildo desde el alcalde con licencia Julio Espín Navarrete, al síndico municipal Epifanio Juárez Juárez y a los regidores Miguel Visoso Ochoa, Georgina Bahena de la Rosa, Mario Sergio Talavera Abarca, Jorge Alberto Rodríguez, Wenceslao Moreno Real, Margarita Ruiz Beltrán y Mario Terán Martínez.

Los demandantes de manera generalizada mencionaron que la solicitud de juicio político en contra de los integrantes del Cabildo al Congreso local, también se realizó de manera directa en contra del alcalde con licencia Julio Espín Navarrete, quien de manera anticipada y durante el tiempo que se mantuvo en su gestión promovió el voto a favor de uno de sus trabajadores, para lo cual se hizo entrega al Poder Legislativo de material digital (videos) para constatar que durante los actos públicos de arranques o inauguración de obras públicas, hacia proselitismo a favor de su partido, además por no radicar en su municipio.