La tarde de este lunes, familiares y amigos de Humberto “N”, asesinado el pasado 15 de septiembre de 2014 en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango, realizaron una marcha por las calles de la cabecera, solicitando se reabriera el expediente, ya que aseguraban que el edil, Mauricio Rodríguez González, habría intervenido a favor del homicida, de nombre Leobardo “N”, por tener parentesco con él, y se habían dado irregularidades en el proceso.

El día de ayer, la titular de la Fiscalía, Elizabeth Lázaro Torres, en conferencia de prensa, rechazó cualquier tipo de influencia y anomalía en el proceso.

Dijo que de acuerdo con los hechos ocurridos en la fecha y  lugar mencionados, se localizó al cuerpo sin vida de Humberto, pero también se aseguró al inculpado, Leobardo, en el domicilio de éste último, y quien presentó heridas graves de arma punzocortante. Por esa razón, dijo, incluso no pudo declarar sino días después.

Como parte del proceso, prosiguió, se le vinculó a proceso el 19 de septiembre de 2014, por el delito de homicidio en riña.

“Ya en la audiencia de vinculación, el juzgador, que pertenece al Tribunal Superior de Justicia, no a la Fiscalía, determinó no vincularlo a proceso, porque a su criterio, opera un excluyente de incriminación, que es la legítima defensa. Los argumentos que vierte el juzgador, es que ambos se encontraban aparentemente en igualdad de circunstancias, tanto la víctima como el imputado; ambos tenían lesiones. Si bien la víctima perdió la vida, también el imputado tenía lesiones que pusieron en peligro su vida y la propia víctima acudió al domicilio del imputado, y fue ahí donde se suscitó la riña”.

Apuntó que la Fiscalía presentó el recurso de apelación, pero los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no la concedieron, confirmaron el auto de no vinculación, porque consideraron que sí hubo legítima defensa.

Puntualizó que el abogado del occiso recurrió al amparo, por lo que no se ha dado “carpetazo” al asunto.

“Está en proceso de resolverse el amparo. El juzgado de distrito, ya una autoridad judicial federal, va a retomar el asunto a fondo, va a checar todos los antecedentes y va a determinar si están en lo correcto los jueces de control y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado. Puede llevarse dos, tres meses, o mucho más. Si la autoridad considera que no fue ajustada a derecho la resolución, la va a revocar y eso significaría que se pueda reponer el proceso o se pueda ordenar un auto de formal prisión (contra Leobardo)”.

Reiteró que será el juez federal quien resuelva en última instancia, ya que en primera y segunda instancia, ya hubo la determinación de que el homicidio ocurrió en legítima defensa y no hay responsabilidad. “La Fiscalía agotó todo, hicimos lo que conforme a derecho correspondía y no estuvo ya dentro de nuestras manos, sino mas bien dentro de las manos de los juzgadores del Poder Judicial del estado, determinar si hubo o no un homicidio en riña y si hubo o no una legítima defensa”.