El asunto se ha convertido en una confrontación directa entre la presidenta municipal, Hortencia Figueroa Peralta y Guzmán Pérez, luego de que el lunes de esta semana, el ex trabajador Silva Valle asegurara que la alcaldesa está violentando sus derechos al retirarle el salario y negarle pensión vitalicia e indemnización. Figueroa Peralta negó en conferencia de prensa tales aseveraciones y aún, dijo que el ex trabajador no está impedido de trabajar y aseguró que el caso tiene un trasfondo político, pues el abogado, Juan Manuel Guzmán Pérez, pretende desgastar al gobierno a favor de sus pretensiones políticas, además de que pretende obtener la mayor cantidad de dinero para recibir un mayor porcentaje por sus servicios en los laudos a favor de los trabajadores.

Ayer en conferencia de prensa, ahora fue Guzmán Pérez quien refutó a la alcaldesa.

Aseguró que la presidenta le retiró el salario de manera ilegal a su cliente y además, lo que buscan es que el Ayuntamiento reconozca el riesgo de trabajo al que estuvo expuesto Silva Valle, y después, los derechos y obligaciones del gobierno municipal con él.

También sostuvo que el Ayuntamiento le retiró de manera ilegal el servicio médico al ex trabajador, le redujo el salario y recientemente, porque demandó, se le dejó de pagar.

Afirmó que si Silva Valle sigue siendo trabajador, no había razón para retenerle sus quincenas. “Las quincenas no están sujetas a ningún procedimiento judicial, es una retención ilegal”.

Aseguró que con esa medida, lo que pretende el gobierno es que el trabajador desista de sus derechos.

Se dijo dispuesto a revisar los casos donde supuestamente se ha beneficiado de los laudos y más aún, afirmó que son los propios funcionarios de la comuna –aunque no dio nombres- los que se han beneficiado con el pago de laudos (han devuelto ciertas cantidades al recibir su pago), por “dicho de los propios trabajadores”.

Añadió que el Ayuntamiento sí ha pagado de manera discrecional a algunos trabajadores y por otra parte, “cada quien sabe cómo se comporta con sus clientes”.

“Esto no es un asunto político. Ya basta de que ante los errores, la ineficiencia y muchas veces la incompetencia de los gobernantes, traten de escudarse en el argumento de que lo que se hace es en contra de ellos porque es una cuestión política. Aquí nada tiene que ver mis preferencias, es asunto del trabajador. Cada vez que la presidenta nos da cátedra de derecho y nos ilustra sobre las interpretaciones que hace a las leyes, resulta que siempre recae en revés jurídico. Legalmente perdió el caso del ayudante de Vicente Aranda, perdió el del impuesto predial, perdió el del edificio del PRI. Ella tiene conocimientos en la ley, pero tal vez no esté funcionando sus asesorías legales o su departamento jurídico”.