“Desafortunadamente, una realidad cruda que tenemos, es la de los recursos financieros, que no han sido lo fluido que hubiéramos querido”, apuntó Nadia Luz María Lara Chávez, magistrada presidente del TSJ, respecto al retraso.

Expuso que la obra se comenzó con recursos propios, que no eran suficientes y no obtuvieron el apoyo prometido del anterior Ejecutivo estatal, Marco Antonio Adame Castillo.

“Estuvimos gestionando diversos recursos ante instancias federales, como es la SETEC, que es el órgano implementador del nuevo sistema de justicia procesal penal, y ante el secretariado del Consejo Estatal de Seguridad Pública para obtener recursos de carácter federal y poderlos aplicar en la conclusión de ese tema; estamos hablando de que conseguimos una cantidad muy modesta, de alrededor de ocho millones de pesos. Sin embargo, existe el compromiso de parte del Ejecutivo (estatal actual) de apoyarnos en ese sentido para poder darle conclusión al edificio.”

Aunque dijo que cuentan con estudios técnicos de lo que se requiere para terminar las instalaciones, no dio cifras ni fechas. “Estamos en el análisis que está llevando tanto Obras Públicas como Finanzas, con relación a cuántos recursos financieros más nos harían falta para darle conclusión plena a ese tema. Una fecha cierta no hay, pero un dato aproximado de lo que podríamos estar manejando, sería como para febrero del próximo año.”

Interrogada en relación con las deficiencias que se dice se han encontrado en la edificación, Lara Chávez respondió que se comenzó con un proyecto arquitectónico, pero ahora se trabaja con otro, “más a fondo, más técnica”.

Dijo que se cuenta con una primera planta de ese edificio, que está proyectado para cinco niveles.