En conferencia de prensa, Marcos García Álvarez, presidente del organismo camaral, manifestó que ante el anuncio de un probable incremento a la dejada mínima, primero los transportistas deben mostrar sus argumentos para incrementa la tarifa. “Quieren incrementar 3.5 pesos de sopetón, eso es una grosería, una mentada, a la situación de crisis que está viviendo la gente.”

Ejemplificó que una familia que tenga tres hijos en la escuela y que deban pagar pasaje, erogaría 54 pesos diarios, lo que compromete la economía doméstica y los gastos de manutención. “En contraparte, el incremento al salario mínimo es muy poco, por lo que hay que pensar en todo lo que impacta.”

Sería “criminal” que se incrementara en tal proporción, dijo, por lo que insistió en que debe realizarse un estudio socioeconómico en el que participe la población, que es la principal afectada. “El gobierno y los transportistas se ponen de acuerdo y los ciudadanos no participan en el consejo consultivo. Se le debe tomar en cuenta y además hacer públicos los acuerdos, no hacerlos ‘en lo oscurito’.”

Sugirió también que se haga público el número de concesiones por rutas que tiene cada uno de los permisionarios, pues “nos consta que hay quien tiene cinco, diez, 15, 20 concesiones y las alquila”.

Destacó que el servicio de transporte público es una responsabilidad que debe dar el estado y si no tiene la capacidad concesionarlo, que es el caso, por lo que si es necesario, debe ser el estado el que se encargue de dar ese servicio.

“Si hay voluntad, sí se puede, como se está haciendo en la Ciudad de México, en donde el metro y el metrobús son los más baratos. (Los transportistas) ya nos ven a los ciudadanos sin sentido social, con signos de pesos, como esclavos que nos pueden imponer lo que se les ocurra”.

Opinó que si realmente no es rentable el servicio, como lo alegan los permisionarios, pues entonces que el estado le recoja las concesiones y sea el estado quien preste el servicio público.