Es una industria que genera mil millones de pesos que se derraman en todos los municipios de la región sur y el estado; cuando ha tenido problemas, toda la región los ha tenido.
Desde su creación, el Emiliano Zapata tuvo mucha influencia en la economía e incluso la política de la zona y el estado. Su chimenea es un ícono de esta región azucarera. Junto con el equipo de futbol (hoy desaparecido), le dio la fama que hoy distingue al municipio.
Después, debido a los malos manejos fue decayendo en productividad hasta llegar a la quiebra, en 1991. Comenzaron años difíciles para los productores de caña y para los obreros. Los propietarios del ingenio no pagaban a tiempo, escamoteaban las liquidaciones y estaban en una situación económica endeble de manera permanente. Por eso llegó el gobierno y en el año 2001 lo estatizó –junto con otros veintitantos en el país–, con la promesa de sanearlo para devolverlo a la iniciativa privada tres años después.
Pero no fueron tres años. Casi al término de la actual administración federal, a 11 años de la medida estatizadora, el pasado lunes 23 de julio se anunció que se desincorporará del gobierno federal, antes de que termine el sexenio.
Esto ha puesto en alerta tanto a productores de caña, como obreros e incluso, a los ciudadanos, que hace algunos años protestaron por la contaminación al aire que generaba la fábrica y permitió una serie de reuniones periódicas con la gerencia para atender el tema.
Ya desde antes, los productores de caña habían manifestado su interés en participar en la compra del ingenio, pero nunca hubo nada concreto. Y no parece fácil, dado que se requerirán del orden de los mil millones de pesos que tendrían que conseguir vía créditos bancarios. Durante estos 11 años en manos del gobierno federal, los cañeros no tuvieron problemas en el pago de la materia prima. Eso permitió incluso al dirigente de la unión cañera cenecista, José Amado Orihuela Trejo, dedicarse más a la política y hasta llegar a ser candidato a gobernador.
Ahora, nuevamente acecha la incertidumbre sobre cómo sería el próximo propietario y qué políticas podría implementar. Aunque los productores de caña se consuelan porque en última instancia cuentan con una ley que regula la comercialización de su producto.
En cuanto a los obreros, también están a la expectativa, porque el recorte, reacomodo y despidos podrían ocurrir con el nuevo propietario. En los últimos años no ha habido huelgas y el sindicato nacional azucarero ha escalado prestaciones para los obreros. Así que sería un nuevo entendimiento.
La lucha contra la contaminación también sería un tema que podría ser afectado. Cuando estuvo en manos privadas, el ingenio desatendía los reclamos de la población y los señalamientos de que generaba enfermedades. Se realizaron marchas, le tiraban la ceniza a la gerencia y no pasaba nada. Ya en manos del gobierno federal, se prestó atención al problema y se generaron mesas de trabajo mensuales para evaluar el avance de las medidas anticontaminantes.
Gracias a la presión ciudadana, se logró incluso invertir alrededor de 100 millones de pesos en los últimos años.
Ahora los ciudadanos temen que el compromiso anticontaminante se abandone.
El gobierno federal no fue un mal patrón. Por ello la coincidencia de todos los sectores es que quien compre el Ingenio Emiliano Zapata debe tener la capacidad no sólo económica, sino el compromiso social para atender todos los temas relacionados con la industria azucarera.