En conferencia de prensa, Mario Bustamante Martínez, acompañado de algunos familiares, reseñó que el 4 de enero de 2010, él, junto con su hermana Verónica, fueron detenidos por la Policía Preventiva por órdenes del alcalde Ennio Pérez Amador, debido a problemas por el uso de la calle, ya que son vecinos. “Fuimos golpeados y torturados por los elementos policíacos, al mando del ‘comandante-coordinador-asesor’, Anuar Cárdenas Rueda”.

Señaló que en ese entonces, presentaron queja ante la CDHEM y a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ a presentar las respectivas denuncias.

“El 23 de mayo de 2011, la CDHEM emitió la resolución, en la que dictaminó que nuestros derechos humanos fueron violentados al ser detenidos arbitrariamente, con trato cruel, degradante, lesiones y abuso de autoridad”. Aseguró que pese a las recomendaciones, en contra del edil y de los policías municipales, el gobierno de Tlaltizapán no las aceptó, por lo que ha tenido que intervenir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por parte de la denuncia penal, señaló que el 19 de diciembre de 2011, la fiscalía determinó que también hubo tortura, además de los delitos mencionados.

El 13 de enero de 2012 la indagatoria fue remitida al juzgado penal de primera instancia del cuarto distrito judicial de Jojutla y se solicitó al juez Joaquín Magdaleno dictara auto de radicación en la averiguación citada y se procediera en contra de los 15 policías municipales involucrados. Radicaron la consignación el 27 de enero.

Señaló que ante la falta de información del proceso y la lentitud del mismo, el 28 de marzo solicitó se le diera personalidad y se le concediera intervención en el asunto, lo cual le fue negado por el secretario de acuerdos Jorge Hernández y el juez argumentando secrecía en la investigación.

“La información ya se había filtrado, pues el juez había resuelto proceder contra los inculpados desde el 2 de marzo 2012, pero no se ejecutó y sospechosamente los policías se ampararon y la procuraduría no los ha detenido, aún a pesar de que la suspensión que concedió la autoridad federal (mediante el amparo) no surte efectos, porque el delito está tipificado como grave”.

Bustamante Martínez señaló que su caso no es el único en el que los policías de Tlaltizapán han incurrido en abuso de autoridad y refirió por lo menos cuatro más.

Solicitó al gobernador del estado observar que se cumpla la recomendación al municipio de parte de la CDHEM; al congreso local, inicie un procedimiento en contra del alcalde Ennio Pérez, por ser el autor intelectual de los delitos que le infligieron los policías; a la procuraduría, la detención de los policías y al presidente del tribunal de justicia, no impedir y limitar el acceso a la justicia causa.

Finalmente, aseguró que ha sido objeto de hostigamiento y amenazas.