La fuerza pública entró en acción y luego de una amonestación, arrestó a cuatro de ellos y después a dos –aunque uno se les escapó–; pero, posteriormente, ya que exigían la liberación de sus compañeros, a seis más.

Quienes observaron el espectáculo –porque en realidad eso fue, debido a lo rudimentario del operativo–, por un lado, criticaron a los responsables de esta acción –el presidente municipal es el principal responsable de la Policía, aunque quizá haya sido el secretario municipal–, pues aseguran que los comerciantes así se ganan la vida y el gobierno no ha sido capaz de generar empleos ni otras oportunidades. Otros piensan que la aplicación de la ley fue lo correcto y lo justo para estas personas, que estaban afectando el libre tránsito de terceros.

En realidad, cada una de esas posiciones tiene sus asegunes y más bien, nos reveló la incapacidad del gobierno para dialogar y, lo más importante, la de los elementos policíacos. Por un lado, quienes dicen que fue un operativo abusivo y se violentaron diversos derechos, quizá tengan razón, pero deberían también tomar en cuenta que en los últimos meses, estas llamadas brigadas zapatistas no sólo realizan protestas, sino que provocan a las autoridades, quién sabe si precisamente para que procedan de esa manera y así ganar simpatía, a costa de hechos violentos en su contra.

En esta ocasión, no fue una, sino tres las manifestaciones que realizaron y en cada una de ella hubo detenidos. También repartieron leña a los uniformados, más una mujer que se decía embarazada.

Por otro lado, quienes opinan que la ley se debe aplicar y retirar a “los revoltosos” que sólo afectan a los ciudadanos, también habría que decirles que prácticamente desde que asumió el cargo, este gobierno no se ha distinguido en lo absoluto por su respeto a la ley; por el contrario, esta administración se ha distinguido por su omisión a la misma y, peor aún, por violentarla conscientemente. En efecto, tampoco ha generado oportunidades. Entonces, si el municipio no tiene vocación de cumplir la ley, ¿cómo, de repente, se acuerda que existe y la aplica a rajatabla? ¿Porqué en todas las irregularidades que se le han señalado a la administración, no actúa de la misma manera?

Aquí se puso de manifiesto que al gobierno no le importó el problema y optó por lo que debió ser la última medida a tomar: la fuerza pública.

Ésta podría ser una señal de cómo va a resolver a partir de ahora los problemas el presidente municipal. Nunca buscó el diálogo, ni enfrentar la inconformidad.

Pero lo que en realidad sí es irrefutable y no deja a lugar a dudas es que el operativo se hizo sin el equipo adecuado, sin patrullas y con evidente falta de capacidad de los elementos.

Fue increíble ver que hasta cinco policías no podían someter a una sola persona, por lo que el aseguramiento fue más allá de la fuerza normal. Todavía peor, no llevaron ningún tipo de vehículo y tuvieron que llevarse prácticamente arrastrando a los detenidos, hasta la comandancia, que está a tres cuadras del lugar de los hechos.

Uno de los dirigentes del movimiento, Armando Visairo, fue arrastrado por cuatro elementos. De cuando en cuando hacían descansos porque no se lo aguantaban, por eso en el camino se le fueron bajando los pantalones, dando un bochornoso espectáculo. Al final, ni siquiera llegó a la Dirección de Seguridad Pública porque una mujer –la más violenta y la que se decía embarazada–, prácticamente ella sola, se los arrebató.

La operación fue lenta, mal realizada, con exceso de fuerza por la distancia que tenían que recorrer a pie y con evidentes muestras de cansancio y sobrepeso de los policías. Con razón estamos como estamos en inseguridad.

Antes se decía que la Policía Municipal sólo sirve para sacar borrachos, pero ésta, quizá, ni para eso.