Patricia Bedoya Zamora, integrante de Cladem (Comité de América Latina y El Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres) destacó que el tema del feminicidio en nuestra entidad sigue siendo preocupante, ya que se presenta el mayor número de casos en todo el país en función del número de habitantes.
“El año pasado ocurrieron 57 feminicidios y este año llevamos nueve documentados, en donde la violencia sigue siendo una constante”, dijo.
Opinó que el asunto de los feminicidios es un problema de orden social, un asunto en el que el Estado tiene que meter ya las manos. No hay políticas públicas para prevenirlos. En el Parlamento de Mujeres del año pasado, por ejemplo, las mujeres coincidieron en que son importantes dos acciones fundamentales en el caso de los feminicidios, la prevención e información y el castigo.
“El Congreso del estado cumplió su parte, y hoy tenemos ya la figura penal de feminicidio pero no es suficiente porque no se trata de contar más feminicidios, o de castigarlo más, sino se trata de prevenirlo”.
Destacó que no hay políticas de prevención, que es una parte que le toca al gobierno del estado.
“El coordinador del sistema PASE, que es el secretario general de gobierno, no ha instalado políticas públicas, no se ha sentado con todo el sistema para diseñar todas estas políticas públicas que necesitamos en el estado de Morelos. Las políticas públicas empiezan por tener estadística y nadie tiene estadística en este estado. La Procuraduría de Justicia no está trabajando. Si no hay estadísticas completas, es mucho más fácil de decir que esto no existe, como lo dijo no hace el secretario de Gobierno. Cuando tenemos datos estadísticos duros, podemos diseñar la política pública y podemos enfocarla. En esta nueva etapa legislativa en donde ya se tipifica el delito de feminicidio como un delito autónomo, se le pone un término por ejemplo a la Procuraduría General de Justicia a efecto de que emita un protocolo de investigación del delito de feminicidio y también se le solicita que ponga en marcha ya el banco de datos de ADN para poder identificar a las mujeres, que no queden como desconocidas, y también es necesaria una página web de mujeres desaparecidas”.
Dijo que este dos de marzo se le vence el plazo de seis meses a la Procuraduría General de Justicia para que entregue el protocolo de investigación del feminicidio, “y todavía no sabemos si ya está”.