Guzmán Pérez –quien laboró en la administración municipal de Alberto Cabrera Díaz- , quien era acusado de mantener una demanda laboral millonaria en contra de la comuna, a pesar de ser el secretario del alcalde, pidió reservarse declaraciones públicas hasta ayer, en las que acusó que “existe una presunta red de complicidades”, para obtener beneficios de la comuna, entre quienes involucró a la ex directora de comunicación social.

“Ya hemos aclarado con los documentos idóneos para tal efecto, como son copias certificadas expedidas por el propio tribunal, del desistimiento hecho por el suscrito antes de ingresar a esta administración como parte de una exigencia del propio presidente para no causar un detrimento (sic) patrimonial en las finanzas públicas del municipio de Jojutla y por eso, decidimos desistirnos lisa y llanamente sin recibir pago alguno con la demanda laboral que se tenía en contra del municipio de Jojutla, la cual ya fue ratificada por tu servidor en varias ocasiones ante el propio tribunal (laboral)”, declaró respecto a su denuncia contra el gobierno.

Dijo estar dispuesto a enfrentar cualquier otro tipo de documento contrario a este desistimiento.

Se quejó de que en una radiodifusora local se le ha afectado, pero porque “existe un interés particular de la conductora de un noticiario, que fue directora de comunicación social de la comuna”. “Lo que se denuncia públicamente, es el doble discurso con el que se maneja (la ex directora); la falta de objetividad. Ella hizo comentarios que dañaron mi persona, mi integridad y van en contra del prestigio profesional, y ante esa situación, decirle a la ciudadanía de que esta persona no se conduce como dice conducirse, sino que además tiene su trasfondo, sus intereses en contra del ayuntamiento, en perjuicio del erario municipal. Tan es así que ella critica a los trabajadores que recurren ante una instancia a demandar laboralmente sus prestaciones y los critica mucho más, cuando obtienen resultados favorables. Esta persona (la ex directora de comunicación social) que fue trabajadora del ayuntamiento, está exigiendo cantidades millonarias, que le vienen a pegar al erario público. Está (en) su derecho de dolerse de un despido injustificado y será el tribunal el que determine, pero hablamos de que ella dice de que hay una supuesta red de corrupción en el municipio, cuando yo me atrevo a asegurar que ella forma parte de esa red de corrupción que ella dice, que ella inventa, porque los mismos abogados, que en su momento se han visto beneficiados, son los mismos abogados (Fernando Abarca entre ellos) que ella tiene y que forman parte de su equipo de asesoramiento, y que hay una incongruencia en su demanda, porque dice que laboraba de 9 a 5 de la tarde en un horario corrido dentro del ayuntamiento, cuando todos sabemos que ella, por su trabajo que tiene en la radio, se presentaba en el ayuntamiento hasta la una de la tarde. Digo que es ilógico que ahorita reclame un horario y tiempo extraordinarios, cuando no lo devengó. Hay que ser congruentes de lo que decimos y lo que somos, es lo único que se pide”.

Responsabilizó a la ex directora de comunicación de generar confusión en la opinión pública. “El presidente municipal dio la instrucción de que se investigue toda esta situación, y dentro de las investigaciones, salió que ella tiene un interés notorio. Tan es así, que emite comentarios lesivos en contra de la institución municipal”.

El secretario aseguró que se tiene que investigar a fondo esta situación y castigar a los responsables, entre los que se incluyó, si fuera necesario. “Si en dado caso existiera algo, nosotros estamos a disposición entera del presidente; tan es así que él tiene mi renuncia para que en algún momento que quiera ejercerlo, lo haga”.

Criticó que Araceli Martínez Rojas haya demandado al ayuntamiento por casi medio millón de pesos. “De acuerdo a las prestaciones que está cuantificando, su demanda asciende aproximadamente a 450 mil pesos. Su abogado había dicho que no rebasaba esa cantidad, que sería como de 250, mil pero creo que 250 mil (pesos) es una cantidad considerable”.

Pidió, como ciudadano, que la ex directora se desista de su demanda, como él lo hizo, dijo, para no causar detrimento al erario.

Aseguró que el abogado de Martínez Rojas –que ella negó- es un ex trabajador del ayuntamiento, que presentó también una demanda laboral por presunto despido injustificado en el trienio anterior.

Este medio buscó a la ex directora de comunicación social, para conocer su versión, sin embargo, no obtuvo respuesta.

¿ABOGADO CÓMPLICE?

Tras las acusaciones hechas por Guzmán Pérez, este medio confirmó que Fernando Abarca López, quien laboró algunos meses en la administración anterior de Alberto Cabrera Díaz, recibió una indemnización en la presente administración por varios cientos de miles pesos, aunque, sin mediar un laudo ni cuantificación (de la liquidación laboral), según fuentes que pidieron el anonimato.

Abarca López, quien asegura ser actualmente asesor jurídico en la unión local de productores de caña de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) de Zacatepec (aunque el presidente de la misma, Pedro Ocampo Álvarez lo negó) y cuya esposa laboró en el sistema de agua potable de Jojutla y obtuvo también un laudo favorable pendiente de pago, recibió la indemnización en parcialidades, una en diciembre del año pasado y otro en febrero de este año, según constan documentos a los que tuvo acceso La Unión de Morelos.

De acuerdo con la información recabada, Abarca López llevó el proceso laboral contra el ayuntamiento, en el año 2008 y su contraparte, es decir el representante del ayuntamiento, habría sido Marco Eduardo Rodríguez Cabrera, abogado que el propio Abarca metió al ayuntamiento.

En entrevista, Abarca López reconoció que recibió el pago, pero negó que haya sido sin mediar laudo y que el representante del ayuntamiento haya sido su ex compañero Marco Eduardo Rodríguez, sino Saúl Ventura. “Jojutla perdió la demanda, se fue al amparo y también perdió el amparo, por lo que llegó la ejecución por resolución del tribunal laboral”, declaró en entrevista.

Señaló que laboró para el gobierno de Jojutla de febrero 2008, a noviembre 2008, primero como contralor y después como asesor jurídico.

Confirmó que es representante legal de Araceli Martínez, asunto del cual por cierto, recientemente se llevó a cabo la primera audiencia. Sin embargo, negó que aún se haya pedido cantidad alguna aún por su despido.

Dijo que forma parte de un despacho jurídico –a cargo de Alberto Salgado Pérez- que lleva el caso de la ex directora de comunicación social, pero hasta el momento, no se ha pedido ni ofrecido cantidad alguna. “No hemos contabilizado ni un peso”.

Asimismo, reconoció que está pendiente el pago a su esposa, que también ganó el juicio al sistema de agua potable de Jojutla.