Asegura que los jueces que dictaron sentencia en un caso de fraude la habrían discriminado.
Zona sur.- La representante de la unión de transportistas de la Ruta 4A de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alejandra Mota Álvarez, denunció presuntas irregularidades y anomalías en el sistema de justicia, luego de que se dictara sentencia en un proceso que inició desde el año 2015.
Comentó que en días pasados dieron sentencia sobre un juicio donde en el que presuntamente hubo muchas anomalías por parte de los jueces. “Un proceso de muchos años que se inició desde el 2015 y acaban de dar la sentencia. Una mala experiencia con la administración de justicia del estado, con jueces que discriminan”, dijo.
Mencionó que en una segunda etapa de este proceso, los jueces Bertha Vergara Álvarez, Arturo Ampudia Amaro y Ramón Villanueva Uribe, al dictar la resolución, señalaron que la víctima (Alejandra Mota), por el hecho de ser presidenta de una ruta colectiva y de haber estudiado Derecho, no puede confiar en las personas, al referirse al fraude que sufrió al adquirir un terreno con construcción, que en un principio le dijeron que era ejido.
La quejosa relató que a cinco años de haber presentado la denuncia por despojo, la sentencia falló en contra de ella, a pesar de que argumentó que contaba con una constancia ejidal a su nombre por el predio de 200 metros cuadros con construcción ubicado en la calle Agustín Iturbide de la colonia Gabriel Tepepa, por el cual pagó 190 mil pesos.
“Haremos uso de los recursos legales que aún tenemos. Pero sí ha sido una muy mala experiencia; jueces que dicen que no tengo derecho a confiarme y a mí no se me puede engañar por ser líder de una agrupación y estudiar Derecho, no puedo sufrir abuso de confianza, aunque así ha sido”, dijo.
Recordó que el terreno se lo compró a Juan Jaime López Vian, en 2013; pero dos años de después, el predio ya tenía un anuncio de que no se vendía porque estaba en litigio. Por ello, en 2015 puso la denuncia y actualmente se dio la sentencia en su contra.
“Ha sido un proceso lento, y en la sentencia no fue lo correcto, no me devuelven mi dinero, los 190 mil pesos que pagué por los 200 metros cuadrados, cuando yo desconocía la situación legal, ya que el que me lo vendió fue albacea desde el 2006 y en septiembre de 2015 lo revocaron y vendió en 2013. Lo que pido es que se me regrese el dinero y que se cuente con un sistema de justicia efectivo”, acotó.