Acuerdan presentar denuncia por administración fraudulenta.
Jojutla.- Un grupo de ejidatarios cerró los accesos al relleno sanitario de este lugar, en demanda de la repartición de los recursos que no se han entregado por la renta del mismo. Aunque no obtuvieron lo que querían, acordaron presentar denuncia por administración fraudulenta en contra del presidente del ejido.
Alrededor de las siete de la mañana de este martes se presentaron en el lugar y cerraron el acceso, con lo que los camiones del servicio de limpia no pudieron ingresar.
Benjamín Barrera, integrante del grupo inconforme, explicó que el relleno sanitario está concesionado a la empresa Ecamdesu, que se encarga de tratar la basura, y el Ayuntamiento de Jojutla le paga mensualmente por depositar ahí sus desechos.
De ese pago, una parte le corresponde a toda la base ejidal, pero desde agosto del año pasado no han recibido el recurso, que ya rebasa el millón de pesos y lo requieren, más ahora por la contingencia sanitaria.
“Ese dinero lo tiene el administrador del relleno, Rolando Jaimes, o lo tiene el presidente del comisariado, Ciro Olguín, porque el municipio ha cumplido con sus pagos”, señaló.
Dijo que desde diciembre de 2018 se acordó que el dinero que se colecta por el basurero se iba a depositar en una cuenta bancaria para repartirse entre todos los ejidatarios, “pero el presidente del comisariado no lo ha hecho y queremos saber dónde está el dinero”, dijo.
Tras varias horas de espera, alrededor de las dos de la tarde, acordaron reunirse con el representante de la empresa y el regidor José de Jesús Pedroza en la casa ejidal, donde la empresa dijo que el recurso ya había sido entregado.
El presidente de vigilancia del comisariado, Mario Alberto Ordóñez Pérez, señaló que la intención era hablar con el presidente del comisariado, Ciro Olguín, pero éste no quiso responder a sus preguntas y dijo que lo haría en asamblea (aunque están suspendidas por la emergencia sanitaria).
Dijo que acordaron que este miércoles presentarán denuncia en contra de Ciro Olguín por administración fraudulenta, ya que estiman que se trata de alrededor de 1.2 millones de pesos lo que no se ha distribuido entre los agremiados.