Aseguraron que temen que haya tráfico de influencias e impunidad en el caso.

Jojutla.- A dos años del asesinato de los cuatro estudiantes de la Preparatoria número 4 de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los familiares de las víctimas exigen justicia, ya que temen que por el tráfico de influencias pueda haber impunidad en el caso. 
Los deudos expresaron los anterior en el marco del segundo aniversario luctuoso de los jóvenes preparatorianos, por el que sus familias realizaron una misa en su recuerdo en la iglesia de la colonia Bonifacio García, del municipio de Tlaltizapán, para posteriormente trasladarse a las instalaciones de la Preparatoria número 4, donde colocaron una ofrenda en la placa conmemorativa que se encuentra en el plantel desde el año pasado. 
Francisco Emiliano Carmona, padre de uno de las víctimas, recordó el doloroso momento que vivieron hace ya dos años, cuando los cuerpos de Francisco Emiliano Carmona Servían (que celebraba su cumpleaños número 17), Melesio Pizaña Flores, Alejandro Medina Juárez y Alberto Emiliano Sánchez López fueron encontrados sin vida en un paraje en el poblado de Ticumán, rumbo al municipio de Yautepec. 
Comentó que como familiares se habían mantenido fuera de los medios de comunicación para evitar entorpecer el proceso tras la detención de siete personas; sin embargo, dijo, que ha llegado el momento de hablar. "El silencio tiene que salir porque tenemos miedo al tráfico de influencias que puede haber, miedo a la impunidad que existe en el estado y no vamos a ceder. Estamos esperando que se dicte la fecha de juicio y así estaremos analizando lo que seguiremos realizando. Nos heredaron un gobierno lleno de sangre, un asunto que no puede seguir. Ojalá que el nuevo gobernador no sea incapaz y que sea más sensible y más humano. Morelos no puede seguir siendo una fosa a cielo abierto", enfatizó. 
Por su parte, Alberto Laguardia, asesor jurídico de los familiares de los cuatro jóvenes asesinados, resaltó que han tenido una lucha jurídica dentro de todo el procedimiento en apego con la Fiscalía que ha realizado la investigación y acusación reuniendo todas las pruebas necesarias para iniciar un juicio realmente sustentado en pruebas reales, fuertes y verdaderas. 
Reconoció que sí habido un poco de "tibieza" por parte del representante social para poder impulsar el procedimiento de una manera más pronta, "pero lo principal que nos ha detenido son cuestiones técnicas legales que han permitido a los defensores de los acusados el poder ir alargando con la intención de ir mejorando la situación jurídica de sus representados; son figuras que nuestra legislación y el código nacional de procedimientos penales contempla para que se administre justicia real a cada una de las partes y en ese sentido a los acusados les da esa posibilidad". 
Resaltó que hasta hace un par de meses había siete detenidos, pero uno de ellos fue puesto en libertad, quedando solo seis. "Ya se revocó y actualmente esa persona tramitó un amparo para que no sea reaprendida y poder seguir definiendo su situación jurídica en libertad porque se le reclasificó el delito. Todos los acusados están siendo procesados por homicidio calificado. Sin embargo, a esta persona se le reclasificó el delito indefinidamente a nada más un encubrimiento, lo cual se ha acreditado por los magistrados que es indebido e infundado y por ello se vino abajo esa reclasificación, pero promovió un amparo y busca defender la reclasificación del delito que le dio su libertad emitido por el juez Rodríguez Apac", explicó.
El abogado reconoció que ha sido una larga lucha, un largo sufrimiento y una larga espera para los familiares que tienen la necesidad en sus corazones de sentir justicia y paz por sus hijos, que fueron brutalmente asesinados por estas personas, "y es lo único que ellos buscan: paz interior y el descanso para sus muchachos", acotó. 
Recordó que el próximo 21 de noviembre tienen una audiencia y están en espera de que se dé fecha para el inicio de juicio, pero dejó claro que si realmente se aplica justicia por parte de las autoridades, sí deberían ser condenados los imputados. 
El procedimiento se sigue en el tercer distrito judicial con sede en Cuautla. 
Durante la colocación de la ofrenda, los familiares de los jóvenes asesinados, así como algunos de sus excompañeros, colocaron pancartas para exigir justicia.