En su mensaje, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, afirmó que "es tiempo de construir un paradigma ciudadano de seguridad en Morelos y en México".

Durante su intervención, la madre de Oliver Wenceslao, María Concepción Hernández Hernández, apuntó: "Yo le pregunto a Graco: ¿Mi hijo estuvo ahí por ignorancia o por mala fe?"; de igual modo, agregó que "al gobierno le conviene tenerlos como desaparecidos para que así no eleven sus índices de delincuencia (...) jamás nos hicieron en caso, jamás nos tomaron en cuenta... lo tiraron al olvido, al cansancio, pero no fue así. Seguimos en esta lucha gracias a todas las instituciones que nos tomaron en cuenta".

Hernández Hernández añadió: "No digo ya terminó: esto apenas empezó. Seguimos nosotras en esta misma lucha de exigir justicia para Oliver, porque es pedirla también para esas personas que estuvieron con él".

Cabe agregar que se dio a conocer que se elaborará una galería a la cual se tendrá acceso por internet, sin nada que violente la secrecía de la investigación, con indicios de identidad y posesorios (aretes, collares, anillos) respecto de los cuerpos que se encontraban en las fosas, para contribuir de este modo a su identificación.

En el "Informe sobre las fosas de Tetelcingo", entre otros datos se señalan los siguientes:

"Del 23 de mayo al 3 de junio de 2016, se llevó a cabo el proceso de apertura de las fosas. Como resultado de esta diligencia, según lo observado por las víctimas y las organizaciones que participaron en ella, se reporta lo siguiente:

Se encontraron 117 cuerpos enterrados como basura en dos fosas que no se encontraron localizadas con precisión, entre ellos los de tres menores. Lo que suma un cuerpo más a los 116 que, según la Fiscalía, había enterrados en las fosas de Tetelcingo. Se encontraron, además, nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno y a los que se les abrió carpeta de investigación. Todos los cuerpos exhumados corresponden a delitos cometidos entre 2010 y 2013.

Hay una diferencia entre los 117 cuerpos y los 150 que se inhumaron el 28 de marzo de 2014, según la tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla. Los cuerpos restantes, presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa, de acuerdo con el expediente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y con la mencionada tarjeta informativa.

De los 117 cuerpos exhumados, 34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación. Lo que contradice contundentemente lo afirmado públicamente por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu el 6 de diciembre de 2015 y por el fiscal Javier Pérez Durón el 26 de noviembre de 2016.

Algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes. Otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos, conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito. 

Es importante mencionar también que se encontraron cuerpos identificados con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia. La Fiscalía nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias.

Más allá de los resultados de la diligencia en Tetelcingo, y a pesar de que el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu afirmó, en un video difundido en las redes sociales, que su gobierno “dio legalidad” y “corrigió las fallas de forensia (sic)” en las fosas de Tetelcingo, en realidad el gobierno de Morelos se vio obligado a abrir las fosas por la lucha de las familias de víctimas que se dio en el terreno jurídico y de la defensa de sus derechos".

Respecto a las conclusiones, se indica a la letra que:

"El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu mintió con respecto a la legalidad y número de fosas, así como al hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investigación. Insistió en que todo se encontraba de acuerdo con la legalidad y con los protocolos establecidos. Al hacerlo, incurrió en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia. Por ello, el mandatario y todos los funcionarios involucrados en la comisión de estos delitos, deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, y se debe garantizar la justicia restaurativa a las víctimas. 

Todo esto, además, podría configurar delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, mismos que también deben ser investigados y sancionados por organismos internacionales.
Dado que algunas de las personas exhumadas de las fosas fueron víctimas de delitos, la labor de la fiscalía aún no ha concluido: debe investigar los hechos, poner a disposición de un juez a los responsables y garantizar que se haga justicia verdadera.

Las aberraciones del gobierno del estado de Morelos evidenciadas en la diligencia de Tetelcingo, hacen imprescindible el que se apliquen protocolos forenses con estándares internacionales para erradicarlas.

En las fosas de Tetelcingo no se cometió “un error garrafal”, como afirmó el gobernador el pasado 17 de junio, sino actos criminales al inhumar personas, ilegalmente y en fosas clandestinas, sin cumplir con los protocolos para la identificación humana. Por ello, es imperativo que la Fiscalía General del estado realice acciones para identificar a cada una de estas personas y entregarlas a sus familias. 

Por nuestra parte seguiremos trabajando para procesar las muestras y facilitar la identificación de los cuerpos exhumados, realizar los trabajos de investigación criminalística y asesorar a los familiares de víctimas en materia legal para que procedan en el ámbito local, nacional, internacional conforme a sus intereses a efecto de que se les haga justicia".

-Imagen: Cencos.-