Como se informó oportunamente, la representación perredista anunció ayer que iniciarían juicio político contra el hoy legislador por la supuesta malversación de recursos cuando fungía como secretario de Salud.

Esta mañana, Juan Carlos Martínez Terrazas, líder estatal del PAN, junto con diputados federales y locales, respondieron a la que calificaron como "agresión" proveniente del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Martínez Terrazas señaló que tan es así que el "acusador" Rodrigo Gayosso Cepeda ni siquiera sabía que Caballero Solano había sido secretario de Salud en su conferencia "llena de trastablilleos", además de que no tenía elemento alguno sobre los señalamientos en contra del panista.

Pidió que se investigue de dónde sale el dinero para pagar a todos los guardaespaldas que cuidan al hijastro del gobernador.

De igual modo, Martínez Terrazas exigió que se revisen los gastos hechos durante la reciente marcha en apoyo al Ejecutivo, en la que hubo acarreos y pagos de comida que seguramente costaron prácticamente todo lo que equivale a las prerrogativas del PRD en un año.

Por su parte, el ex secretario y ahora legislador, Víctor Caballero Solano, aseveró que son falsas todas las acusaciones en su contra y sostuvo que la Secretaría pasa por decenas de auditorías.

Destacó que desde hace cuatro años que dejó el cargo no ha tenido una sola observación sobre el manejo de fondos en la dependencia y mencionó que, por el contrario, es en la actual administración en la que ha habido múltiples señalamientos de falta de personal y medicamentos, despidos injustificados y otras anomalías que el PAN no exhibe en medios de comunicación pues su finalidad no es denostar, como lo hacen los actuales gobernantes.

El coordinador de la bancada albiazul en el Congreso local, Carlos Alaniz Romero, criticó a la coordinadora del PRD, Hortencia Figueroa Peralta, por aparecer en una conferencia de prensa para atacar al grupo parlamentario y "haberse prestado a este montaje político sin respeto para su investidura de presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, actuando de manera facciosa y parcial cuando la Junta a su cargo es la expresión de todas las fuerzas representadas en el Congreso; el colocarse como juez y parte, la inhabilita para conducir el proceso legal".

Alaniz Romero también indicó que, en todo caso y de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el tiempo que tiene la autoridad sancionadora es de tres años, el cual ya está totalmente vencido.

-Imagen: La Unión de Morelos.-