Con el plazo fijado hasta el 2 de mayo, loa líderes de las diferentes fuerzas políticas al interior del Congreso acordaron que es necesario revisar a fondo en qué términos y fundamentos se dijo el ordenamiento del juzgado, antes de tomar una determinación.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el diputado Francisco Santillán Arredondo, reconoció que pudo haber errores de forma en el proceso de análisis y definición sobre la no ratificación de la magistrada, toda vez que pese a que ya se había votado un dictamen en sentido positivo, al final se definió por votación por cédula rechazar su permanencia en el cargo.

Dentro del acuerdo de los coordinadores, se determinó pedir asesoría de abogados externos al Congreso.

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